PSOE y Sumar chocan en el alcance de la gratuidad del transporte público y los impuestos a la banca y eléctricas en el nuevo decreto anticrisis


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La coalición que encabeza Yolanda Díaz señala que hay “debate” y negociaciones “intensas” a menos de 24 horas de aprobarse

Las ministras Díaz, Ribera y Montero, en el Congreso
Las ministras Díaz, Ribera y Montero, en el Congresochema MoyaEFE
El nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar se enfrenta a su primer gran desafío: la prórroga del “escudo social” para combatir los mercadería de la inflación y la crisis agravada por la pleito de Ucrania. A menos de 24 horas para que el vivo decreto sea suficiente por el Consejo de Ministros, los negociadores de entreambos partidos están chocando en los términos de la extensión de la gratuidad del transporte notorio y en la letrilla pequeña de los impuestos especiales a la banca y las energéticas.

Así lo admiten fuentes de Sumar, que subrayan que esos dos asuntos están provocando todavía un “debate” en el seno del Gobierno. La coalición que lidera Yolanda Díaz rechaza que pueda hacerse recortadura alguno en entreambos temas y aboga por una prórroga en los términos actuales. Sin retención, desde el PSOE se quiere tocar algunos puntos sobre su calibre.

Las negociaciones entre los equipos de los ministerios de Hacienda y Trabajo “siguen siendo intensas” en estos capítulos para error de acuerdo, informan fuentes de Sumar. El tiempo se está echando encima, pues está previsto que el vivo decreto sea suficiente mañana miércoles. Y es que, las medidas anticrisis actuales están vigentes hasta el 31 de diciembre, por lo que tiene que alcanzarse un acuerdo en las próximas horas para que puedan continuar aplicándose. De hecho, las fuentes consultadas detallan que el diálogo entre los departamentos que lideran María Jesús Montero y Yolanda Díaz se prolongará “a lo prolongado del día” de hoy para agenciárselas un punto de acuerdo.

Fuentes de Sumar detallan que el “voluminoso de las medidas vigentes” serán “previsiblemente prorrogadas”, como “las referentes al ámbito gremial, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al Bono Social Eléctrico o la suspensión de los desahucios”. Sin retención, la negociación anda enquistada en la gratuidad del transporte notorio o los impuestos a la banca y las energéticas.

En relación a esos impuestos, son tasas que están blindadas por ley hasta 2024. Con una revisión en el postrero trimestre de ese año. Por esa razón, para eliminarlos del todo el PSOE necesitaría articular una mayoría parlamentaria para cambiar la norma. Eso no quita que desde el sector socialista del Gobierno se proponga hacer un retoque aprovechando el vivo decreto ley.

CONFLICTO POR LA CITACIÓN DE JUECES

Por otra parte, hoy ha quedado cédula otra importante discrepancia en el seno del Gobierno. En esta ocasión premeditadamente del llamada de jueces para decidir en las comisiones sobre lawfare que se han amplio en el Congreso.

La portavoz de Sumar, Marta Lois, no comparte la posición del PSOE y ha defendido que el hecho de que los jueces puedan personarse a las comisiones de investigación por supuestos casos de ‘lawfare’ es un signo de “normalidad democrática” y preserva la separación de poderes entre el legal y el contencioso. En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que mediante estos órganos parlamentarios “los diputados no van allí a resolver” a los magistrados, sino lo que quieren es “valorar políticamente” toda la información que sea pertinente.

“Yo creo que aquí hay un desenfoque. Entender que los jueces no pueden personarse a esas comisiones sería como no estar estableciendo principios básicos de la democracia que son escuchar y valorar, que no resolver. Son aspectos diferentes”, ha argumentado Lois.

De esta forma, la portavoz de Sumar difiere de la postura expresada por el ministro de Presidencia, Rectitud y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha reiterado estos días que los magistrados no pueden personarse a las citadas comisiones mientras que el Consejo Militar del Poder Legislativo (CGPJ) instó a las Cortes Generales a no citar a jueces.

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