La Mesa del Senado ha licitado un anuencia que puede alcanzar un coste mayor de 756.000 euros para los servicios de interpretación y traducción de las intervenciones realizadas en vascuence, catalán, gallego y valenciano durante las sesiones parlamentarias de la Cámara Reincorporación.
Así consta en la memoria justificativa del anuencia, a la que ha tenido entrada Europa Press, donde se explica que el presupuesto saco de subasta para el periodo de un año es de 151.250 euros, aunque puede acontecer hasta otras cuatro prórrogas, con un desembolso estimado de 756.250 euros.
En la hogaño, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está acotado a las mociones en las sesiones plenarias, a las intervenciones en la Comisión Caudillo de las Comunidades Autónomas o en la presentación de escritos.
Según este anuencia licitado por la Mesa del Senado, se pagará hasta 544 euros por un servicio de interpretación de hasta media hora y hasta 3.146 euros por estar entre cinco y ocho horas. Para el servicio de transcripción, se pagará unos tres céntimos por palabra transcrita.
Fue en el año 2005 cuando se empezaron a incorporar las lenguas cooficiales en el Senado, a través de la Comisión de las Comunidades Autónomas. Para ello, la Cámara Reincorporación seleccionó a 25 intérpretes-traductores —siete para el catalán y seis para cada una del resto de lenguas cooficiales—.
Con motivo de la inclusión en 2010 de las lenguas cooficiales en el debate de las mociones del Pleno, la Mesa del Senado acordó que estos 25 intérpretes-traductores además desarrollarían sus funciones en el Pleno. Sin secuestro, actualmente solo permanecen en la relación de intérpretes dieciséis de los veinticinco iniciales.
En 2023, el presupuesto contempla un desembolso de 280.000 euros para el servicio de interpretación y de 3.000 euros para el de transcripción. La propuesta formulada en este anuencia establece un presupuesto mayor anual de 151.250 euros, cuantía inferior a la presupuestada en 2023, poco que la Cámara Reincorporación lo atribuye al parquedad de costes de desplazamientos, indemnizaciones y a la racionalización del régimen aplicable a los cambios en la previsión de sesiones plenarias.