La causa de Tsunami Democràtic se ha dirigido formalmente contra doce personas entre las que se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria universal de ERC Marta Rovira. Pero a lo espacioso de más de cuatro primaveras de investigación son más del doble quienes han estado bajo el foco de la Dispositivo Central de Información de la Guarnición Civil como sospechosos de participar de un modo u otro, tanto en una presunta tentativa secesionista empujada desde el Consell de la República en Waterloo como en la estructura y promoción de los disturbios que orquestó en Cataluña la plataforma Tsunami Democràtic.
Lo revela una de las piezas separadas del procedimiento al que tuvo camino torrevieja news today: a lo espacioso de varios meses entre finales de 2019 y principios de 2020 se intervinieron los teléfonos móviles de al menos 15 personas. No eran sólo escuchas telefónicas: era un software instalado sin su conocimiento que daba camino a la Guarnición Civil a todo el contenido del terminal y permitía, incluso, activar el micrófono.
Candela la atención que en esa directorio de personas está Elías Campo, práctico en telecomunicaciones y coautor del polémico referencia de la entidad canadiense CitizenLab que acusaba al Estado de espiar mediante Pegasus al independentismo de forma injustificada.
En aquel referencia aparecían asimismo los además expertos en informática Pau Escrich y Jordi Baylina; los exdiputados en el Parlamento de las CUP, David Fernández; y Podemos, Albano Dante Fachín; y Joan Matamala (hermano del amigo de Puigdemont José María Matamala).
Todos ellos estaban siendo investigados en este procedimiento, pero no era Pegasus lo que tenían en su teléfono móvil. Lo que manejaba la Guarnición Civil no es el software israelí sino una aplicación de Sitel (el sistema de escuchas por excelencia de las fuerzas policiales) que en cierto modo, se le parece, porque permite un camino casi total al contenido del terminal, desde la dietario y los contactos a las notas y los documentos, pasando por la posibilidad, llegado el caso, de activar el micrófono. Para los agentes, la intrusión en los dispositivos móviles de estas 15 personas era entonces de «máxima importancia y trascendencia para la investigación».
El software se instaló en los terminales de la secretaria de Puigdemont o los exdiputados Dante Fachín y David Fernández
Lo justificaron, en todas las ocasiones, con los mismos argumentos: dada la escasez de conversaciones telefónicas detectadas así como la posibilidad de que los encartados estuvieran utilizando aplicaciones de transporte securizadas como Signal o Wire para prolongar conversaciones sensibles o que pudieran comprometer la seguridad jurídica de los investigados. Y así lo trasladaron.
Con la Fiscalía a gracia
En todas estas intervenciones, consta referencia de la Fiscalía de la Audiencia Doméstico a gracia y utilitario del togado Manuel García Castellón que habilita la instalación. A veces, no conseguían infiltrarse en el terminal, como reflejan diversos informes, y habían de pedir prórrogas de la autorización para volverlo a intentar.
En otros casos lo que se encontraron fue que el móvil objeto de la audición no lo utilizaba el sospechoso y debían darlo de desvaloración. Además constan casos en que quisieron seguir escuchando más tiempo y el judicatura no autorizó la prórroga, y otros en que directamente se negó autorización, como ocurrió con el patriarca de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay. Sin la intervención ha arruinado igualmente imputado, como el expresident de la Generalitat.
De hecho, de acuerdo a la documentación revisada por torrevieja news today, sólo uno de los que se vieron intervenidos mediante ese software ha arruinado en el utilitario de imputaciones del togado. Se tráfico de Jaume Cabaní, supuesto delegado financiero de Tsunami Democràtic y, como el resto, está señalado por terrorismo.
En cuanto a los demás, constan por ejemplo el que era en las fechas presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, la secretaria del propio Puigdemont y la hermana y la secretaria del exconseller además prófugo Toní Comín, entre otros.