Este nuevo paquete es el octavo impulsado por el Gobierno y alargará, en el ámbito profesional, los beneficios en materia de ayudas publicas que caducaban el final día del año. De esta forma, las compañías beneficiarias de ayudas directas o por ERTE y que echen a trabajadores por motivos de costes estarán forzadas a devolver las ayudas recibidas.
Además en el ámbito profesional, se va a extender el anuencia jubilación relacionado con la compensación parcial para la industria durante 2024, tras un acuerdo corto con PNV, con la intención de suministrar el rejuvenecimiento de las plantillas y la formación de trabajadores jóvenes.
De la misma guisa, se prorrogará la suspensión de los desahucios y lanzamientos de domicilio habitual para personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, continuará la prohibición del corte de suministros esenciales y el incremento de los descuentos del bono social eléctrico incluso se verá extendido, el cual va a dirigido a personas o familias cuya renta se sitúe entre los 12.600 euros y los 16.800 euros.
Por otro flanco, este paquete incluye la prórroga, durante otro medio año hasta junio, del IVA del 4% para los alimentos de primera falta como son el pan, la harina, la lactosa, los quesos o los huevos, así como el descuento de entre un 5% y 10% al grasa y la pasta, como anunció Pedro Sánchez.
En el caso del salario imperceptible interprofesional (SMI), el Consejo de Ministros ha decidido congelarlo. De este modo, el sueldo imperceptible se quedará en 1.080 euros mensuales en el inicio del próximo año, mientras se aplazamiento a que el Servicio de Trabajo decida sentarse con la patronal y sindicatos para resistir a un acuerdo o implementar un aumento nada más con el apoyo de CCOO y UGT que, de realizarse, supondría un incremento de entre el 3% y el 4%.
Sin incautación, a pesar de que estas y otras medidas, con total seguridad, saldrán delante, fuentes del partido de Yolanda Díaz remarcan que las negociaciones entre las carteras de Hacienda y Trabajo continúan a estas horas de guisa “intensa”. En este sentido, se refieren a medidas relacionadas con la gratuidad del transporte sabido o el impuesto a la banca y a las energéticas.
Precisamente, una de las grandes incógnitas era la del transporte sabido y sus abonos. En estos momentos, el debate en el seno del Ejecutante es el de sostener un descuento del 30% del transporte sabido del resto de administraciones siempre y cuando se comprometan a elevar el porcentaje hasta el 50%. Poco que ya se ha establecido que saldrá delante.
El Gobierno destinó un total de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte sabido, con la intención de retornar infundado los trenes y autobuses y ayudar a las comunidades a humillar el precio de sus respectivos transportes. En un principio, el presidente había anunciado que las bonificaciones en este servicio iban a ser nada más para menores de antigüedad, jóvenes y desempleados, pero finalmente se ha ampliado a todos los colectivos.
Otra de las dudas que están sobre la mesa es la extensión de la disminución de impuestos a la energía, que era del 5% al gas, la electricidad, madera y pellets. Interiormente de estos descuentos está incluso la aplicación del tipo impositivo rebajado del 0,5% del Impuesto Singular sobre la Electricidad, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el valía de la producción de la energía eléctrica y el tope al precio de la bombona de butano de entre 8 y 20 kilogramos a 19,55 euros.
En cuanto a la famosa ‘excepción ibérica’, la cual protegía parcialmente a España y Portugal de la cambio del precio de la electricidad y del gas natural, la ministra para la Transición Ecológica y el Oposición Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado que, a partir del 1 de enero de 2024, dejará de tener finalidad conveniente a su inviabilidad.
El impuesto a la banca, según aseguran desde Sumar, se quedará tal y como está. Es afirmar, se continuará gravando al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que hayan ingresado más de 800 millones en 2019, afectando a la actividad que las compañías lleven a lado en España. En lo que a energéticas se refiere, el Gobierno de coalición todavía no ha llegado a ningún acuerdo.
En esta dirección, Sánchez ha informado que se está trabajando en el “rediseño” del impuesto extraordinario a esta clase de compañías, si proporcionadamente ha remarcado que esta atrevimiento no tiene nadie que ver con los avisos por parte de Repsol de que el tributo “condiciona” sus inversiones en nuestro país.