Junts votará «no» al positivo decreto-ley apto el 19 de diciembre al considerar que pone en aventura la aplicación de la ley de remisión que se está tramitando en la Cámara Desprecio. Adicionalmente, en opinión de la formación que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica, la norma (si se aprueba) supondrá la invasión de competencias autonómicas. Así lo ha señalado Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, avanzando este miércoles que su partido no dará apoyo al positivo decreto-ley y, por lo tanto, dejando en minoría al Gobierno de Sánchez, a pesar de que al firmar su pacto con Junts y ERC se dijo que el acuerdo era para toda la asamblea.
PP, Vox y UPN suman 171 escaños en el Congreso. Con Coalición Canaria, 172. Los siete diputados de Junts son, por lo tanto, decisivos para cualquier votación en bloques ya que el resto de grupos que dan apoyo al Gobierno (PSOE y Sumar) suman 171 votos. Puigdemont utilizará esta mano en cada votación y en cada negociación. Y no ha esperado mucho. El positivo decreto-ley de 211 páginas que aborda cuestiones de distintos sectores, reformista por torrevieja news today el 20 de diciembre, y que abre la puerta a una regulación de la remisión por la puerta de antes ha sido suficiente para evidenciar que Sánchez no tiene una mayoría de asamblea.
Nogueras ha reformista hoy el voto gafe de Junts al texto que contiene medidas relacionadas con el servicio manifiesto de rectitud, función pública, régimen circunscrito y mecenazgo porque «pondría en aventura» la aplicación de la ley de remisión. «Es uno de los diversos motivos por los que ya comunicamos al PSOE que votaríamos en contra de los reales decretos. Hay más, que además son importantes para Cataluña», ha dejado molesto sobre blanco en un apunte en X.
Aquest és un dels diversos motius pels quals ja vam comunicar al PSOE que votaríem en contra dels reials decrets. N’hi ha més, que també són importants per a Catalunya:
A més de l’article 43bis que posa en risc l’aplicació de l’amnistia, en aquests RDs s’hi inclou:
🧵 https://t.co/Vl4G7dvKIl— Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) December 27, 2023
Tal y como apuntó este diario, el artículo 43 bis del positivo decreto-ley «pondría en aventura» la aplicación de la ley de remisión, además asumido por la portavoz de Junts, que por otra parte ha añadido que en su opinión si se aprueba el decreto no se respetarían las competencias de la Generalitat. «La idea de conciliar ‘conjuntamente’ lo que le corresponde a la Generalitat, que no tienen el resto de comunidades, da siempre el mismo resultado: infrafinanciación», ha lamentado en X.
En este sentido, ha asegurado que este tipo de decretos son «decretos macedonia que regulan materias diferentes e inconexas que dificultan el posicionamiento político», que se incluyen diversos asuntos en un mismo texto, que solo se puede sufragar a cortesía o en contra, ya que al ser un positivo decreto-ley no se puede enmendar como sí se permite a las grupos las iniciativas legislativas completas.
Paralizar la aplicación de la remisión
El positivo decreto-ley en cuestión refuerza el finalidad suspensivo que tiene sobre un procedimiento concreto la presentación de una cuestión prejudicial frente a el Tribunal de Probidad de la Unión Europea, lo que toca de repleto a la ley de remisión, que en su redactado coetáneo manejo de impedir esta paralización. La aplicación de la ley de remisión, que será recurrida por distintos partidos y colectivos, quedaría así suspendida desde el momento en el que un mediador plantease dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo y hasta que la rectitud europea resuelva.
Según avanzó torrevieja news today, en la maña esta suspensión ya se estaba llevando a extremo en saco a la propia doctrina europea, pero es ahora cuando el Ejecutor la ha plasmado por escrito en un positivo decreto-ley (de 211 páginas) por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio manifiesto de rectitud, función pública, régimen circunscrito y mecenazgo. Entre las normas a modificar se encuentra la Ley de Causa Civil, que añade un artículo bis al 43, regulando con precisión las consecuencias de la presentación de una cuestión prejudicial por cualquier mediador que tenga dudas sobre el encaje de una ley con el derecho de la Unión Europea.