El conselleiro de Civilización, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, y el director xeral de la Fundación Empresa-Universidades Galega (FEUGA), Francisco Javier Pereiro, firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha, a partir del uno de enero, de un nuevo sistema de dirección de la cotización de las prácticas de Formación Profesional y doctrina en régimen particular. Así, el Ejecutante autonómico pretende evitar posibles sobrecargar administrativas como consecuencia de la aprobación por parte del Gobierno central del derecho de los jóvenes en prácticas a cotizar, estén o no remuneradas, que entrará en vigor el próximo lunes.
De este modo, a partir del próximo año FEUGA será la entidad encargada de diligenciar la cotización en la Seguridad Social de los alumnos de FP u otras doctrina en régimen particular que realicen prácticas en empresas. Para eso, tal y como destacan desde el Ejecutante autonómico en un comunicado, «la institución se valdrá de su acreditada experiencia en este campo», y pondrá a disposición de la Xunta la plataforma que emplea para el remisión y la recibo de la documentación pertinente en el proceso. La Consellería de Educación, por su parte, tramitará una encomienda de dirección a valimiento de FEUGA, estimada en un millón de euros, y se encargará de hacer aparecer al alumnado la documentación necesaria.
Con este acuerdo, tanto los centros educativos como las empresas quedan eximidos de las cargas burocráticas del proceso, así como del coste de ingreso y depreciación de los alumnos en la Seguridad Social. Concretamente, se calcula que se beneficiarán de esta medida unos 16.000 estudiantes y 12.000 empresas.
Por otra parte, explican desde la Xunta, se agiliza el proceso y «se garantiza que la medida aprobada por el Gobierno central no suponga una sobrecarga administrativa ni para el sistema educativo ni para las empresas que colaboran en la formación curricular del alumnado«, en relación a la aprobación de la reglamento del Empleo de Inclusión y Seguridad Social por la que las empresas tendrán que cotizar por los estudiantes en prácticas a partir del 1 de enero del 2021, estén o no remuneradas y sean tanto de Universidad como de FP.