El Gobierno valenciano solicitará formalmente la dirección del Ingreso Pequeño Optimista tras el ofrecimiento del Ejecutante central de Pedro Sánchez a las Comunidades Autónomas. La intención es fijar la eficiencia en el reparto de estos fondos, luego de que se hayan detectado casos de picaresca flagrantes como el de un ruso que percibía la ayuda cuando disponía de más de 98.000 euros.
Estas ayudas estatales coinciden en el caso de la Generalitat con otras de longevo cuantía, la Renta Valenciana de Inclusión, y desde la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero pretenden fijar una «compatibilidad» entre ambas líneas de financiación a las familias más vulnerables.
A posteriori de que la Seguridad Social haya rajado esa posibilidad de delegar las competencias del Ingreso Pequeño Optimista -primero a Cataluña y luego al resto de autonomías-, tal como se informó tras el final Consejo de Ministros, se podrían dar duplicidades en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ya que hay más de 70.000 beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión y cerca de 230.000 de la ayuda hasta ahora concedida por el Gobierno central.
De hecho, se parte de una iniciativa en plena pandemia que estaba ideada precisamente para sustituir a las líneas de fondos gestionados por las autonomías, tal como lo valoraba el entonces ministro José Luis Escrivá, si aceptablemente luego se comprobó que había una variedad de casos y heterogeneidad a la hora de su tramitación.
En cualquier caso, la consellera valenciana ha dejado claro que será necesaria una dotación suficiente de bienes económicos para hacerse cargo el Ingreso Pequeño Optimista, que puede hacerse cargo su sección ahora que están revisando precisamente la Renta Valenciana de Inclusión.
Aunque no se trate de la tónica militar, en la dirección de este tipo de ayudas para personas en situación económica apurada a veces se podrían dar situaciones injustas y fraudulentas de beneficiarios que no cumplen los requisitos y ocultan información de las administraciones.
Uno de los más llamativos fue detectado casualmente por un árbitro en Alicante, al estimar el petición de un ciudadano ruso que solicitaba la polímero de residencia permanente en España -como habitual de ciudadano de la UE- y justificaba tener medios suficientes, en concreto, 65.000 euros en metálico con los que llegó al país, más de 33.000 adicionales en tres cuentas bancarias -en total, más de 98.000 euros-, así como una vivienda en Rusia.
Sorprendentemente, con estos bienes y patrimonio propio, percibía el Ingreso Pequeño Optimista de 460.93 euros mensuales desde hacía dos abriles, por lo que este árbitro advirtió a la Seguridad Social del posible fraude.