La Grupo de Castilla y Valiente contabilizó un crecimiento del 29 por ciento, en el primer semestre del año, de los ataques del lobo a la manada, en relación al periodo susodicho a la inclusión de este cánido en el Relación de Especies Silvestres en Régimen de Protección Específico (Lespre), en septiembre de 2021. En este sentido, al 20 por ciento de incremento de daños del 2021 al 2022, se añade que entre enero y junio de 2023 se registraron 1.717 ataques, nueve diarios, y 2.705 cabezas muertas por las fauces del cánido, es proponer, 15 animales diarios que dejaron de rendir para los ganaderos.
Del total de ataques en el primer semestre, tres de cada cuatro dañaron a yeguada bovino (1.256), con peculiar incidencia en Ávila (644). La provincia avilés sufrió la homicidio de 811 cabezas por este motivo, seguida de las 736 de Segovia. En entero, murieron en la Comunidad a causa del lobo 1.374 vacas, 1.048 ovejas, 165 equinos y 118 cabras.
En declaraciones a la agencia Ical, el consiliario del Medio Dominio, Vivienda y Distribución del País, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha considerado que la situación de la población del lobo es «propicio» en Castilla y Valiente, al suceder de las 179 manadas del extremo censo de 2014 a las más de 200 de la ahora. En este sentido, urgió al Gobierno de Pedro Sánchez a reunir a las comunidades autónomas y materializar la audacia de Bruselas de flexibilizar su nivel de preservación, conocida este mes de diciembre. «Castilla y Valiente apetencia y el Gobierno pierde en esta discusión», si adecuadamente el consiliario incidió en que «lo importante es rematar con el objetivo dañino que la audacia adoptada por el Gobierno de España en 2021 está teniendo en la manada y en el medio rural».
En este punto, ha considerado que la audacia de la Comisión Europea marca «un antaño y un a posteriori» y defendió que la Grupo «ha hecho mucha actividad en Europa» para patrocinar este cambio de la Comisión Europea a posteriori de que el MITECO «incluyera al lobo en el Relación de Especies Silvestres de Protección Específico (LESPRE) por motivos meramente ideológicos y en contra de las comunidades autónomas, en un proceso que se considera incompetente por los defectos y errores que tiene», causa por la que esa orden ministerial se encuentra recurrida en presencia de la Audiencia Doméstico.
En síntesis, ha destacado que fue una «bono de gobierno totalmente errónea, equivocada y muy peligrosa y dañina para el medio rural, para la manada extensiva y para Castilla y Valiente y el resto de territorios», refiriéndose a las autonomías de Galicia, Asturias y Cantabria fundamentalmente, que en conjunto reúnen al 95 por ciento de los lobos de España.
Suárez-Quiñones ha celebrado que la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, encargara un estudio y abriera en septiembre de 2023 un periodo de información pública europea para escuchar a los estados, las regiones y la sociedad, y que finalmente confluyó en esa audacia según la cual «hay que flexibilizar el régimen europeo de protección flagrante», es proponer, modificar el Convenio de Berna de 1979 y a posteriori la Directiva Hábitat, que desde 1992 establece que en toda Europa el lobo era «estrictamente protegido y no se podía diligenciar por los gobiernos, a excepción de en el boreal del río Duero en España y un condado de Grecia, siendo ahora este extremo régimen de protección simple el que habría que extender a toda Europa».
«Es proponer, el Gobierno de España extendió por propia voluntad política e ideología al boreal del rio Duero el régimen de estricta protección que había en el sur, cuando la Comisión europea, al contrario, considera que ese régimen de protección simple que tenía Castilla y Valiente al boreal del Duero, es el que tiene que regir en toda Europa», ha explicado.
Como primer paso, señaló el consiliario, es urgente que el gobierno de España deje sin objetivo la orden ministerial de catalogación del lobo en el LESPRE, y que el boreal del Duero recupere el régimen de protección simple. Una vez que se materialice por la Unión Europea la modificación que pretende de la Directiva Hábitat, extender esa simple protección del boreal al sur del Duero en la Comunidad, acabando con el flagrante régimen de protección estricta.
Estado propicio
El consiliario de Medio Dominio cree que esta audacia de Bruselas constata que el estado de conservación de la especie es «propicio» y se toma para «disminuir los daños a la manada y el peligro de cesión del medio rural, porque Europa sabe que hay un problema de despoblación». «Esto es lo que ha dicho Europa. ¿Qué hizo el Gobierno? preciso lo contrario», espetó Suárez-Quiñones, quien entendió que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Pelea Demográfico, Teresa Ribera, «está obligada a dar una respuesta a esta situación» y devolver las competencias a las comunidades autónomas al boreal del Río Duero, un trámite que se podría materializar ya.
Castilla y Valiente prórroga una «respuesta urgente y rápida» porque «lo exige el medio rural» para frenar la cadencia de estos abriles, que anota más de 5.000 reses muertas en el año 2022, un 20 por ciento por encima del año completo 2021, y creciendo incluso en 2023, como hemos reseñado. «Hay más ataques, cada vez hay más reses muertas y por consiguiente más ganaderos que se van del medio rural. Luego, esta situación exige una respuesta urgente. Pedimos la reverso al diálogo y al consenso del Gobierno de España con las comunidades, que siempre presidió en democracia todas las decisiones sobre las especies silvestres, ofreciendo la ayuda de la Grupo, no solo a fin de dejar sin objetivo la orden ministerial, sino para alcanzar acuerdos con la táctica de conservación del lobo por la que el Gobierno elaboró y sustituyó en julio de 2022 la que había del 2002. «Se necesita responsabilidad y sensatez política», dijo.