Cuando aprieten ese rama pasaréis todos a tener las manos manchadas de casta«. Una vehemente Carla Antonelli soltó esta maldición contra los diputados del PP, que escucharon a la propagandista trans de Más Madrid pegados a sus asientos, casi sin moverse, instantes antiguamente de aprobar la reforma de las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid. «No nos suicidamos por ser personas trans, nos quitamos la vida porque nos hacéis la vida impracticable». En la Asamblea se conoce admisiblemente el estilo pasional de Antonelli desde la tribuna de oradores, pero sus imprecaciones, aplaudidas por los suyos, impactaron como si lanzara un mal de ojo contra los diputados de enfrente.
La diputada trans puso voz a la competición delantero de su liga a la reforma legislativa impulsada por Isabel Díaz Ayuso, con un repertorio de insultos y acusaciones que trascendieron el parlamento regional y que, en términos menos agresivos, fueron rebotados por la izquierda en toda España con un argumento que convirtieron en mantra contra Ayuso y el PP: por primera vez en la historia de la democracia, denunciaron, se recortaban los derechos ganados por la población LGTBI.
«Eres una grandísima sinvergüenza», lanzó Antonelli contra Ayuso en las redes sociales. «El hoy es efímero, el mañana serán pesadas piedras en tu mochila». Estas descalificaciones de trazo craso se han cliché en las últimas semanas: «Eres muy mala persona, es anormal, execrable».
El PSOE, con Santiago Rivero como portavoz, compartió el fondo de las críticas, pero sin caer en el insulto directo. Aun así, la coincidencia con Más Madrid es absoluta a la hora de revelar al PP de «retrógrado» por «derogar» las leyes Trans y LGTBI y «recortar» así unos derechos que veían intocables. Los ataques de la izquierda a Ayuso saltaron a la política doméstico y la portavoz del Ejecutor, Pilar Alegría, o el ministro Óscar Puente, entre otros dirigentes, se unieron al coro de acusaciones, en el que ya se había acoplado el delegado del Gobierno. Enfrente, el PP ha optado por no entrar en la pelea directa, más allá de las paredes de la Asamblea, y dejar que los hechos hablen por sí solos: al final, sostienen, la sinceridad de la calle pone a la izquierda en su sitio y desinfla sus hipérboles. Defiende una reforma que «sustituye ideología por ciencia».
Las reformas se aprobaron definitivamente en el extremo pleno del año, y ya se han convertido en el principal argumento de la izquierda para repetir sus ataques a Ayuso. ¿Pero qué hay de cierto en esas acusaciones? ¿Se ha producido en realidad un recortadura de derechos en la Comunidad de Madrid?
«Ignorante a la ciencia»
La portavoz popular en este debate, Mónica Lavín, asegura que la izquierda ha sido incapaz de opinar un solo derecho que se recortadura, pero la relación para Más Madrid y el PSOE es copiosa. Denuncian, por ejemplo, que se residuo el término ‘autodeterminación’ o ‘identidad’ de artículos, y ya no se palabra de ‘personas trans’ sino de ‘transexuales’, poco que, a su entendimiento, sitúa a estas personas en una situación de viejo desprotección. «Se quiere borrar a las personas trans», advierten.
«Utilizan el jerga para manipularnos», replica la portavoz del PP, quien explica que en las leyes se usa, de forma indistinta, los términos «trans y transexuales». Respecto a la supresión de la ‘identidad de artículos’, comenta que no quisieron incorporar un término que supone un concepto «indiferente a la ciencia y el derecho». «No estamos de acuerdo con el término y lo que hacemos es remitirnos a la ley doméstico».
La izquierda igualmente denuncia la derogación del artículo que preveía la creación del Centro de Documentación y de Memoria Histórica LGTBI de la Comunidad de Madrid, aunque siete abriles posteriormente de la aprobación de la ley llamativo, en 2016, ni siquiera había tesina. Mónica Lavín se defiende: «No se puede compartimentar la historia, es un aspecto más para manipular la historia, que la tienen que hacer los historiadores autónomamente. No estamos de acuerdo con crear una historia trans o LGTBI«.
Tanto Más Madrid como el PSOE critican que ya no será posible adecuar la documentación administrativa de Madrid a la identidad de artículos de forma directa. El PP explica que el procedimiento se friso en la estatuto doméstico. La persona interesada tendrá que ir primero al registro civil, cambiar de artículos, hacerse el nuevo DNI donde figure ese cambio y a partir de ahí, adaptar el resto de documentos, igualmente los autonómicos, poco que el PP ve totalmente sensato.
Se refuerzan encima las garantías sanitarias y psicológicas en todo el proceso, poco que en la izquierda consideran un paso detrás, porque, a su entendimiento, se relaciona la transexualidad con una cuestión de lozanía mental. El PP, en cambio, ve positivo que exista ese «figurantes», sobre todo en el caso de los menores, con un examen psicológico y psiquiátrico, para aumentar así su seguridad.
Las mayores novedades afectan a los menores. Respecto a las limitaciones que, según la izquierda, se imponen en los colegios en relación con la indumentaria de los menores trans, o con el uso de aseos y vestuarios, al tener que adaptarse a las normas del centro educativo y a la protección e intimidad de las niñas en el caso de los baños, el PP subraya que «si hay uniforme, no se recorta ningún derecho, porque el beocio puede nominar cuál se pone, el masculino o el femíneo». En cuanto a los baños, explica que «se estudiará cada caso de forma particular, el centro evaluará la situación para que no solo con autopercibirte como mujer puedas usar sus aseos o vestuarios».
La izquierda igualmente ha denunciado que la ley volverá a desobstruir la puerta a las ‘terapias de conversión’. El PP lo niega: ya están absolutamente prohibidas por la ley doméstico. Adicionalmente, asegura que se amplía la prohibición al incluir la sanidad privada. Más Madrid y el PSOE critican, en todo caso, que se han eliminado las sanciones. «No es cierto. En la ley de 2016 se incluyeron porque no había norma doméstico, pero ahora que sí la hay, la ley autonómica se remite a la superior», dice el PP.
La reforma de los populares ha suprimido el concepto de ‘inversión de la carga de la prueba’, según la cual no es la víctima la que debe probar que ha sido discriminada, sino el demandado. El PP lo tiene claro: «Hay que patrocinar la presunción de inocencia y la tutela legal efectiva».