Rara es la semana que no se desmantele una plantación de maría en la Comunidad Valenciana. Fue la región que más cantidad de esta droga incautó en 2022, casi la centro del total doméstico y con mucha diferencia respecto al resto de autonomías. Se decomisaron 54.249 kilos, una signo histórica que suponía un aumento del 224% respecto al año susodicho, según la Estadística anual sobre drogas realizada a partir de los datos recopilados por Policía Franquista, Guardián Civil y Vigilancia Aduanera. Para tomar perspectiva, en 2018 solo se decomisaron 4.694 kilos.
Ese aumento exponencial del zaguero quinquenio está dando quebraderos de habitante a los efectivos, no solo por la rico producción –exógeno e indoor– a pequeña o gran escalera. Una vez se ha puesto coto al ilícito, hay que deshacerse de esta sustancia droga tras ponerla a disposición de la autoridad legislativo.
Son los propios agentes los encargados de desmantelar las pequeñas plantaciones de maría. Pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no disponen de medios técnicos, preparación y tiempo para ese tratamiento en las más grandes. Un problema logístico que el Profesión del Interior pretende mitigar externalizando ese servicio. En la concurso en marcha, publicada en el Boletín Oficial del Estado, se ofertan cinco lotes, pues Almería, Ciñuela y Málaga, así como Cataluña, la Comunidad de Madrid y sus provincias limítrofes son otras de las zonas más afectadas por esta problemática.
El presupuesto para la Comunidad Valenciana es de 27.588 euros para un arreglo de dos primaveras a partir del 1 de febrero, aunque se estima que el valía del mismo pueda ascender a los 50.160 si se amplía otros dieciocho meses y se modifica al plataforma frente a el incremento del número de plantaciones a destruir.
Precisamente, los pliegos consultados por torrevieja news today ponen el foco en lo complicado de calcular el coste de estos trabajos, pues hay «desde plantones de escasos centímetros a verdaderos árboles de cerca de dos metros» en «zonas de viable comunicación adyacente a otras muy dificultosas como barrancos o montes sin caminos transitables».
A ello se añade que es peligroso trabajar en los invernaderos «cuando se producen altas temperaturas» o existen «trabas para el desbrozado, como ocurre cuando el cultivo está enredado en mallas plásticas que requieren una previa retirada antaño de aceptar a las plantas». Por ello, más allá de la maquinaria necesaria y del material para el envasado de las sustancias, se debe contar con los equipos de protección y seguridad necesarios.
Se contempla un compra fijo -que puede aumentar según el servicio- de 275 euros y de 27,5 euros la hora por empleado, muy por encima del convenio de los jardineros, teniendo en cuenta que «deben tocar y estar en contacto con material droga y la insalubridad el producto en cuanto a la emanación de gases y olores».
El servicio consiste en apoyar a los agentes en la ascendencia de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar que se pudran; originarse las plantas y triturarlas o compactarlas en sacos o cajas, siguiendo instrucciones de la autoridad legislativo o sanitaria que las custodia; y trasladarlas a un espacio determinado. Encima, el documento indica que el adjudicatario garantizará la confidencialidad de los trabajos, que en su mayoría son objeto de investigación.