Las calles de la ciudad de Madrid son, desde este lunes, un dominio de acercamiento restringido para los vehículos que no tienen distintivo ambiental. Año nuevo, restricciones nuevas para todos aquellos coches contaminantes que no estén empadronados en la renta o que no se hayan transmitido de suscripción en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). En total, 420.000 turismos vetados que cada día rodaban por las carreteras capitalinas y que, si a partir de ahora intentan ceder, serán sancionados con 200 euros. Madrid se transforma así en Madrid ZBE y todo el término municipal se considera una zona de bajas emisiones.
La medida no pilla por sorpresa a ningún conductor. O no debería. En 2021, el consistorio aprobó la estatuto de movilidad sostenible que establecía la configuración de la ZBE de modo progresiva desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de enero de 2025. Cada año nuevo, más restricciones con el objetivo de mejorar la calidad del brisa y erradicar, en la medida de lo posible, la polución; al menos, la puesta en circulación de gases tóxicos de los vehículos más contaminantes y que carecen de rótulo ambiental de la DGT. Estos son los diésel matriculados antiguamente de 2006 o los gasolina de antiguamente del 2000.
Este lunes ha entrado en vigor la prohibición de que accedan y circulen por todas las vías públicas urbanas de la renta. Ya no podían hacerlo por la M-30 ni, obviamente, las calles interiores de la vía de circunvalación desde el año pasado. La medida se extiende cada 365 días. En 2025, el veto llegará a todos los coches sin rótulo; incluso a los que hasta ahora se libraban de la estatuto, los matriculados en Madrid siquiera podrán retornar a encender sus motores desde el 1 de enero del próximo año. Afectará desde ese momento a 837.779 turismos, el total de coches sin clasificación ambiental que constan, a término de 2022, en la Comunidad de Madrid.
Pero paso a paso y año a año. Desde este año nuevo de 2024, las cámaras e fotorrorojos instalados en todo el término municipal captan a las matriculas no ’empadronadas’ en la ciudad y, luego, infractoras. Si son cazadas por estos artilugios, los titulares de los vehículos contaminantes tendrán un periodo de aviso, sin sanciones, hasta el 30 de junio y tan solo recibirán en su domicilio una carta informativa para que se adapten y dejen de cometer la infracción. En cambio, si son agentes municipales los que pillan a un transporte sin rótulo por la ciudad, el conductor será en ese momento sancionado con los 200 euros (100 si es pronto plazo).
Multas por la M-30
«No obstante, se recuerda que las cámaras que controlan la M-30 y su interior finalizarán su periodo de aviso el 14 de enero. Luego, cualquier transporte detectado por ellas será sancionado a partir del 15 de enero», explican desde el consistorio, en narración a la prohibición de circular por la M-30 y sus vías interiores que entró en vigor el año pasado y comenzará a multar este mes.
Los afectados por la implantación de la ZBE que ya no pueden ceder ni circular por los 604 kilómetros cuadrados de Madrid alzan su voz contra la medida y contra el corregidor de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y lo critican por acaecer prometido en su campaña electoral de 2019 que iba a eliminar el Madrid Central de Manuela Carmena. «No solo no lo ha eliminado sino que ha puesto más restricciones», critican desde la Plataforma de Vehículos Afectados por la Movilidad. Lo cierto es que lo intentó: impuso una primera moratoria, pero fue tumbada por los tribunales. Y poco luego, el gobierno central aprobó la Ley de Cambio climático, que obligó a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones.
La plataforma de conductores afectados pidieron al consistorio una nueva moratoria, pero por ahora esa opción no está sobre la mesa. «Moratoria genérico no va a acaecer», confirmó el regidor José Luis Martínez-Almeida en una flamante entrevista con torrevieja news today.
Y ellos respondieron con una concentraciónque se celebró el pasado 30 de diciembre desde Valdebebas hasta la Asamblea de Madrid. Según las cifras de la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales (Avarm), participaron en la marcha rodada 200 vehículos entre coches, motocicletas y furgonetas decoradas con carteles en los que podían leerse mensajes como «nosotros pagamos, nosotros circulamos» y otros demandando la «autonomía de circulación».
La asociación critica que de los 420.000 vehículos residentes en la Comunidad de Madrid que no pagan el IVTM en la renta muchos son trabajadores y aseguran que la restricción generará «dificultades» para datar a los centros de trabajo, colegios o clínicas veterinarias.
«Estas restricciones suponen realizar una triple discriminación en los criterios de acercamiento y circulación: entre propietarios de turismos y de otros vehículos; entre personas que pagan el IVTM en un municipio y los que no; y en función de la decadencia del transporte», afirman desde Avarm.
El Cabildo de Madrid contesta, con datos, que solo tienen dos objetivos: mejorar la calidad del brisa y, por ende, compendiar los índices de contaminación. El consistorio monograma en una disminución de 1.147 toneladas anuales de óxido de ázoe lo que supondrá la restricción de movilidad. «Un transporte sin distintivo emite de media para el municipio de Madrid 1,6 veces más de gases que un transporte con clasificación ambiental B; 7,2 veces más que un transporte con clasificación C y 47 veces más que un transporte ECO», aseguran desde el Radio de Urbanística, Medio Circunstancia y Movilidad, que calcula que el 62% de los afectados por la conversión de todo el término municipal en una ZBE (la anciano de Europa, en cuanto el año que viene se limite la circulación a los matriculados incluso en la ciudad) se transformarán en usuarios del transporte notorio.
Los cálculos municipales hablan de que las 464 cámaras y 37 fotorrojos podrán sancionar a unos 700 vehículos diarios. Esto supone que el Cabildo de Madrid puede recibir, si los conductores de vehículos sin distintivo acceden a Madrid, unos 140.000 euros al día en multas por incumplir la estatuto de movilidad sostenible.