“Una alarmante falta de tropas este verano en tareas operativas, algo que no va a ocurrir ahora en la cumbre europea, sino todo lo contrario”. Es la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha aprovechado las reuniones de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Toledo, en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, para denunciar la falta de personal y medios materiales en el cuerpo meritorio.
La asociación advierte sobre el “preocupante aumento de la delincuencia en la provincia de Toledo”, donde el acumulado de enero a marzo de este año ha subido un 7,5 por ciento respecto a 2022. Ha ocurrido lo mismo que en el conjunto de España, donde sube de media un 7,2 por ciento. “Donde más se ha sentido ha sido en los delitos de robo con violencia e intimidación, contra la libertad sexual y el ciberdelito”, señala la AUGC.
Estos datos se suman, según esta agrupación, a la “escasez de patrullas que salen a la calle por la falta de guardias civiles, además de la falta de recursos materiales y económicos respecto a las policías regionales”. También citan la “impotencia de parte del sistema legislativo y judicial en relación al principio de autoridad, lo que afecta gravemente el trabajo de los agentes y la seguridad ciudadana”. “Se solicita que haya mayor seguridad jurídica y un aumento de las penas por agresiones a agentes policiales”, reclaman.
Desde la asociación se describe como “Insuficiente” la oferta de empleo público en la Guardia Civil, un total de 2.875 plazas. Ponen como ejemplo que, en las más de 1.800 postas repartidas por toda España, «apenas pueden abrir un día a la semana o tener una sola patrulla para dar servicio a más de 15 pueblos, lo que se traduce en un peor servicio al ciudadano». Subrayan el “alarmante déficit de 1.500 agentes en el grupo de tráfico, como en el resto de especialidades, donde la situación no es mejor”.
La AUGC desea que desde la Unión Europea “son conscientes de las precarias condiciones laborales de los guardias civiles e instan al gobierno español a hacer un cambio radical” avanzar hacia un nuevo modelo policial donde haya turnos de trabajo con cadencias fijas y haya un mando responsable en cada turno”. Sobre todo exigen una jornada laboral “digna” que permita conciliar trabajo y familia, principalmente para el personal con hijos a cargo y que exista un descanso diario mínimo de 11 horas entre servicio y servicio.
Además, piden la erradicación de los dobletes y trillizos “encubiertos”, así como que se respeten todos los descansos para realizar el trabajo diario “para que no se los quiten sin disfrutarlos al cambiar de destino”. Han aprovechado para solicitar también que dotar a las unidades operativas de más medios materiales para los agentes, como la pistola taser y cámaras corporales. Y exigen que los guardias civiles sean reconocidos como grupo de riesgo para tener una “jubilación digna y anticipada como el resto de policías”, así como que “se cumpla íntegramente el acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018”.