La secretaria provincial de CCOO Industria Toledo, María Jesús Fernández; y su homólogo de UGT, Sergio de la Fuente, anejo a compañeros del Comité de Empresa en la factoría de zapatos Pablosky de Fuensalida, ofrecieron este viernes detalles del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la compañía, el cual «no tiene motivación económica» y será recurrido por la parte sindical.
Tal y como recordaron, la empresa tiene una plantilla de 315 trabajadores, y la empresa intentó que pasaran a ser fijos discontinuos con parte de la plantilla, personal que «ha tenido pérdidas económicas en sus salarios».
Este año, según relatan los sindicalistas, «vuelven a proponer ser fijos discontinuos», perro la muchedumbre «está cansada de ver lo que está pasando en la empresa».
Ahora, pretenden «despedir a 48 personas», pero es una signo que «va más allá», según explicaron, ya que la intención de la empresa de calzado es quedarse con 249 trabajadores para ser una pyme.
El cálculo de CCOO y UGT pasa por una previsión de que se despidan a cerca de un centenar de trabajadores, toda vez que unas 68 están «en tiempo de prejubilarse o jubilarse» y se han quedado fuera de la posibilidad de acogerse a bajas voluntarias.
La representación de la parte social subrayó que consideran «infundadas» las causas económicas alegadas por la empresa para evidenciar el ERE y que en consecuencia solicitarán a la autoridad gremial que no lo apruebe; al tiempo que sus asesorías jurídicas demandarán en su caso la inepto o la improcedencia de los despidos si Calzados Pablo llega a realizarlos en los términos que pretende, con la mínima indemnización constitucional más unas «míseras limosnas».
Adicionalmente, anunciaron que el martes próximo reunirán a la asamblea de trabajadores para informarles de la situación y atreverse las acciones sindicales a emprender para oponerse a los «despidos traumáticos» que supondrá el ERE que quiere aguantar a lengua la comunidad Martín-Caro.
«No puede ser que haga un ERE a su antojo; un ERE que no es necesario porque igual resulta que en 2023 no tienen las mismas ganancias que el año inicial, pero pérdidas no tienen», recalcan.
Huida a Marruecos
Adicionalmente, añade la representación sindical que desde junio del año pasado la empresa «se llevó a Marruecos parte de las secciones de cortado y aparado», y si ese trabajo lo dejan en Fuensalida, «las 48 personas que quieren echar no sobrarían».
«Y porque no se van a deshacer de 48 personas, sino de más de cien, porque hay otras 68 más a las que han excluido del ERE porque tienen más de 63 abriles y se van a ir jubilando de aquí a 2026, sin coste alguno para la empresa», recalcó..
Tras la mediación del 14 de diciembre, cuando ambas partes decidieron ampliar el periodo de consultas, los sindicatos tenían «la esperanza de asistir a un acuerdo», porque en una plantilla de 315 personas, hasta 110 son mayores de 59 abriles.
En presencia de esta situación, «los propietarios de Calzados Pablo responsabilizaban a estas personas en su conjunto de acontecer presentado denuncia frente a la Inspección».
Adicionalmente, los empresarios «solo ofrecieron la posibilidad de negociar expectativas voluntarias para dos colectivos» como las personas menores de 50 abriles y las que tengan entre 61 y 62, «dejando fuera a los mayores de 63, porque no tardarán en jubilarse», concluyó la representante sindical.