Fue anunciar Alfonso Rueda que los gallegos acudirán a las urnas el 18 de febrero, para designar el nuevo Parlamento autonómico, y comenzar el pelotón de partidos de la izquierda a exhalar las primeras promesas electorales. Balas, por el momento, más correctamente de fogueo, a la aplazamiento de lanzarse a fondo.
José Ramón Gómez Besteiro tiene de su banda el músculo del Gobierno, que le ha servido, incluso antiguamente de estar convocadas las elecciones, para ser el portavoz de anuncios variados, ya afectaran a Navantia o a infraestructuras como la A-6. Llegó a tal punto que se ganó el mote de «hombre anuncio» desde las filas del PPdeG. En los últimos días ha dejado en sus múltiples intervenciones diarias algunas promesas electorales. La más llamativa, impulsar un Consorcio de Transportes que cubra las deposición del Ámbito Metropolitana de La Coruña, donde viven más de 400.000 personas. El consorcio actuaría como una autoridad única en la coordinación del transporte por carretera, con un servicio de buses lanzadera en las horas punta y un plan de movilidad para conectar el centro de la ciudad herculina y su dominio metropolitana. En mente, polígonos industriales, hospitales, juzgados, facultades. «Galicia no puede tener un transporte metropolitano con la rueda pinchada», pregonó Besteiro tirando de serie de palabras.
Incluso prometió compensaciones a propietarios de terrenos en las Fragas do Eume por las limitaciones de uso derivadas del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) de la Xunta. Besteiro se comprometió a derogarlo y a consensuar un nuevo plan. El coetáneo, acusó, es «injusto» y se hizo de espaldas a los afectados. Sin desistir el ámbito no urbano, Besteiro se comprometió todavía, en este caso con el sector de la viticultura, a cambiar el rumbo en la mandato de comunidades de montes, de tal forma que se generarían más de 120 millones anuales para los comuneros, y se sumaría un punto al PIB de la Comunidad.
Por parte del BNG, su candidata, Ana Pontón, ya dejó en los últimos días varios mensajes con el encabezado de «si soy presidenta…». Desde un negocio compostelano, acompañada por la alcaldesa Goretti Sanmartín, proclamó que pondrá en marcha una «nueva Ley de comercio». Una norma que pactaría con el sector para, entre otros objetivos, arruinar con «la desrregulación que llevó delante el PP», acusó. Con lo cual, aseguró, se perjudicó al pequeño y mediano comercio y se le impidió poder competir con las grandes superficies.
De paso, Pontón anunció que, de sentarse en el despacho que ocupa Alfonso Rueda en San Caetano, lanzará una gran plataforma online, una suerte de «Amazon gallega», con décimo pública y privada, pensada para comercio y productores locales. El BNG elaboraría un plano de orden de los posibles comerciales, y mientras no se aprobase, aplicaría una «moratoria» a los grandes negocios.
En esencia industrial, desde el concello lucense de Barreiros, Pontón insistió con la intervención pública de Alcoa, idea que ya esgrimió en 2020, cuando instaba a Alberto Núñez Feijóo, entonces titular de la Xunta, que revalidaría el cargo ese verano—, la «naturalización» de la comercio de San Cibrao. A las puertas de otros comicios, la portavoz doméstico del Piedra prometió la semana pasada otorgarle al asunto su «máxima implicación».
«Expertos» del Piedra
No se quedaron ahí en el BNG. Sus coordinadores del software electoral, los diputados Olalla Rodil y Luis Bará, se reunieron esta semana con su Consello Asesor, un sanedrín de «expertos» que presentó sus conclusiones a incorporar al «software de gobierno» que desvelarán en cuestión de semanas. Entre las propuestas/promesas, un Plan de Inversiones Estratégicas y Transformadoras, que movilizaría, hasta 2028, 1.500 millones de euros; un segundo plan, de Fomento de la Actividad Tecnológica e Industrial, con la que se ven capaces de incrementar en siete puntos el peso de la industria en el PIB y gestar 12.000 empleos, hasta 2030; movilizar 10.000 hectáreas de superficie agraria útil; elevar, todavía en seis primaveras, hasta el 3% del PIB la inversión en ciencia (I+D+i); y un consorcio para las infraestructuras y las competencias digitales. De acuerdo de viejas entelequias del nacionalismo, como una empresa pública de energía y una tarifa eléctrica propia.
El tercero en discordia en la izquierda gallega, Sumar, aspira a crear una Consellería de Mobilidade que incluiría una empresa pública que pondría en marcha un sistema de metropolitano informal en las ciudades de La Coruña y Vigo. Este año se estudiaría el esquema, a licitar en 2025 y construir desde 2026, para que pueda entrar en funcionamiento antiguamente de concluir la reunión (2028). «Tenemos la propuesta política, tenemos la propuesta técnica y tenemos la voluntad de conducir para llevarlo a extremo», dijo el portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López.
Que todas estas promesas se cumplan, ya es harina de otro costal. Que se lo digan a Pedro Sánchez y su campaña electoral del 23J.