Fuentes del área que dirige Mónica García han confirmado a Europa Press que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Doméstico de Vigor, que permite la enunciación de actuaciones coordinadas en lozanía pública.
Las mismas fuentes han precisado que la medida se toma solamente para hospitales y centros de lozanía, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.
Delante la desatiendo de acuerdo en la reunión de la mañana, Sanidad ha destapado un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las CCAA podrán hacer datar sus propuestas al documento presentado por el Ocupación, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.
“Luego de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ocupación, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la lozanía”, ha insistido García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión.
García ha defendido que es una norma “efectiva, de sentido popular, avalada por la evidencia científica y que es perfectamente recibida por la población”.
Si perfectamente el pasado viernes Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de las mascarillas en estos centros, otras CCAA han mostrado su concurso a esta medida, ya que prefieren no tener lugar de la recomendación. Por otro banda, Aragón, que anunció la incumbencia solo para el personal retrete, ha ampliado su uso incluso a los pacientes en salas de paciencia.
En este sentido, Sanidad incluso ha planteado durante el concurrencia de esta mañana la aprieto de dar “un soporte procesal”, a través de una enunciación de conducta coordinada, a todas aquellas comunidades “de diferentes colores políticos” que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.
Entre las comunidades que se posicionan en contra, destacan Castilla y Valiente. Su guía de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado incluso que la convocatoria de esta reunión “llega tarde”. No obstante, ha defendido que la comunidad cuenta desde hace abriles con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de casos de patologías respiratorias.
Por su parte, el guía de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias para “proteger a las personas vulnerables” hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada.
Sin requisa, coincide con su homólogo de Castilla y Valiente en sus críticas a la reunión de este lunes. Para el guía, ha sido un CISNS “verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario”, porque se ha creado en la población una sensación de alerta que “no se correspondía con la ingenuidad”. Según Bancalero, ha generado “incomodidad” y “rechazo” entre todas comunidades autónomas, “de todos los colores”.
Madrid mantendrá la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es afirmar, en presencia de síntomas y para personas especialmente vulnerables, y ha censurado que el Ocupación de Sanidad haya precoz las propuestas y medidas que ha llevado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Doméstico de Vigor (CISNS) “a través de canales no oficiales”.
En declaraciones a los medios tras el concurrencia, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Contrabando, ha recalcado que “todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña”, han coincidido en advertir el uso de mascarillas “de forma responsable” en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023.
De igual forma, País Vasco incluso ha criticado la desatiendo de criterios técnicos de la reunión. Por otra parte, ha reclamado que cualquier propuesta que se presente “debería respetar las competencias de País Vasco en materia de Vigor” y estar “avalada” por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Vigor Pública.
En un comunicado, el Ejecutor vasco ha señalado tras la reunión del Consejo Interterritorial que País Vasco “no comparte, como gran parte del resto de las Comunidades Autónomas, ni la forma, ni parte del contenido, de la convocatoria que el Ocupación de Sanidad ha realizado del Consejo Interterritorial del Sistema Doméstico de Vigor”.
La consejera de Vigor de La Rioja, María Martín, ha afirmado que la obligación de arrostrar mascarilla en espacios “vulnerables”, como centros sanitarios, farmacias, residencias o centros escolares, debe acatar de la incidencia de las enfermedades respiratorias, aunque la ve “recomendable”.
En declaraciones a los medios, Martín ha aguzado, como primera valoración del concurrencia, que “se ha percibido un enfado generalizado” entre todas las comunidades, “de todos los colores políticos”.
Un disgusto que, en primer oportunidad, se ha conveniente a la premura de la convocatoria, “que se hizo el viernes por la tarde”, y sin los documentos necesarios “hasta las 10 menos cuarto de hoy, cuando ya estábamos reunidos”, y que, en cualquier caso, es una reunión “que llega ya tarde”.
Y, en segundo término, por el uso de la palabra “colapso” por parte de la ministra, “porque ni una sola de las CCAA presentes ha obligado que hubiera habido colapso en el sistema retrete autonómico correspondiente”, en presencia de lo que ha afeado que “se lleva a una rebato innecesaria y ni es positivo ni es verdad”.
Por su parte, la consejera de Vigor y Consumo de la Concilio de Andalucía, Catalina García, incluso ha mostrado su descontento con la reunión. A su sumario, estas decisiones deben tomarse en primer oportunidad en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Vigor Pública, donde se elabore un documento donde se establezcan niveles de alertas o indicadores, entre otros, para luego ser avalado en el Consejo Interterritorial.
Por este motivo, Andalucía ha votado en contra del documento propuesto “al carecer de rigor técnico”, según ha recogido la Consejería en una nota de prensa.
En la misma vírgula, el guía de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ve “desproporcionada” la intención que tenía Sanidad de poner la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias, aunque no se opone a que se aplique en comunidades “que lo precisan”. Al igual que sus homólogos, ha reclamado que cualquier medida al respecto se colchoneta en “criterios técnicos”.
“La maña unanimidad de los consejeros han criticado a la ministra por el intento de usar el CISNS como si fuera su cuenta de Twitter o una pancarta de una manifestación”, ha proclamado García Comesaña, quien ha criticado el carácter “apresurado” de la convocatoria y el hecho de que García anunciase los temas a chocar “fuera” del propio víscera y sin convocar primero ni la Ponencia de Alertas ni la Comisión de Vigor Pública.
Por otro banda, Baleares no descarta imponer la incumbencia del uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimentara un crecimiento en los próximos días o semanas, aunque de momento se mantiene en la recomendación de su uso, mientras Navarra aconseja el uso en centros sanitarios, sociosanitarios y para aquellas personas con síntomas respiratorios, en exclusivo si se encuentran en lugares cerrados.