Se le acaba el tiempo a Pedro Sánchez para sacar delante sus tres decretos, un paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus que incluye la ley de función pública. Junts ya le dicho que no dos veces y el PP ha hecho lo propio.
El partido de Carles Puigdemont, no obstante, se abre a negociar pero con unas condiciones difícilmente asumibles por el Gobierno. La formación catalana de derechas ha anunciado este martes, a menos de 24 horas de la votación, que una de sus condiciones para elegir a servicio es que se sancione a las empresas que huyeron de Cataluña durante el Procés, en 2017, y se apliquen incentivos fiscales para las que se quedaron o quieran retornar.