El titular del Magistratura Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Doméstico, Santiago Pedraz, ha renunciado a seguir delante con la investigación que abrió por el secuestro de dos nacionales españoles y otros dos ecuatoguineanos residentes en España y su traslado a una calabozo de Guinea Ecuatorial donde habrían sufrido torturas hasta el punto de que al menos uno de ellos, resultó muerto. Considera que no tiene competencia porque ya hay abierta una causa por los mismos hechos en aquel país.
«A la horizonte de la comisión rogatoria y los hechos imputados concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello aceptar a la cesión de la competencia: La solicitud de cesión es clara en cuanto indica que se proxenetismo de los mismos hechos y consta que se ha iniciado un procedimiento para su investigación y los investigados no se encuentran en comarca castellano», dice la resolución, fechada este lunes.
Se proxenetismo de los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama, y los residentes en España Feliciano Efa y Julio Obama. Los cuatro viajaron en noviembre de 2019 a Sudán del Sur convocados a una supuesta reunión de opositores al régimen de Teodoro Obiang pero fueron interceptados a su presentación al aeropuerto de Juba y acabaron trasladados en un contenedor a Malabo. Allí, un consejo de guerrilla sin aval alguna les envió a prisión. Julio Obama falleció en enero de 2023, según consta en la causa, por razón de las torturas.
Pedraz venía investigando el asunto bajo presunción entre otros, de delitos de lesa humanidad y tenía imputados a un hijo del dictador, Carmelo Ovono Obiang, que es el secretario de Estado para la Seguridad en el Exógeno; y otros dos jerarcas, Nicolás Obama, ministro de Seguridad Doméstico; e Isaac Nguema, igualmente detención cargo. No les llegó a tomar proclamación, como siquiera se detuvo a Ovono cuando fue localizado en Madrid estando abiertas las pesquisas y el magistratura consideró que era más proporcional darle traslado de la querella.
Ahora, a posteriori de que las autoridades de Guinea Ecuatorial respondiesen por escrito a la Audiencia Doméstico que habían franco una investigación sobre lo sucedido con los cuatro opositores, el magistrado concluye que «no hay otra posibilidad que ceder la competencia», aunque la incriminación considera que ni la rogatoria ni la causa que anuncia gozan de la mínima credibilidad.
«Ello resulta indiferente a la conclusión de concertar la cesión, pues lo cierto es que la rogatoria ha llegado vía diplomática y a través de los cauces oportunos (Asuntos Exteriores y Tarea de Ecuanimidad como Autoridad Central y en almohadilla al principio de reciprocidad internacional», razona el magistrado.
«No se investiga a Guinea Ecuatorial»
En su opinión, «resulta inadmisible gravitar esas dudas» de la incriminación en «los altos grados de corrupción existentes en Guinea Ecuatorial» o a la posibilidad de que siendo altos cargos los señalados, pudieran «activar resortes paralelos de la Distribución para sus intereses», porque no cerca de duda de que han sido las autoridades ecuatoguineanas quienes han solicitado la cesión de la investigación.
«Se insiste: en estas diligencias no se investiga el régimen guineo ecuatoriano. Y se debe proceder como si de cualquier otro país se tratara en almohadilla al principio de reciprocidad internacional», añade el coche de Pedraz, para incidir en que no consta que ningún de los hechos objeto de las pesquisas se hubiera cometido en España y la mera argumento de que comenzaron a ser espiados en comarca franquista no puntada.
En este sentido, la Fiscalía pedía la proclamación de un testificador identificado por la Comisaría Normal de Información, donde refirió que «hubo seguimientos a Bienvenido Ndong Ondo, en el año 2019 en España que los mismos pudieran tener relación con el secuestro investigado». Para el instructor, no es pertinente, ya que «solo aportaría que al parecer hubo algunas vigilancias en suelo castellano, mas de ello no se sigue la competencia de la competencia española».
«Tales vigilancias o seguimientos por detectives privados (lo que por otra parte no es delito); sin que conste claramente a qué obedecieron (no se sabe qué persona los contrata ni qué relación tiene con los investigados), se produjeron ayer de mayo de 2018, esto es, mucho más de un año ayer del secuestro», añade.
Por otra parte, considera que «no hay almohadilla alguna en esta causa para considerar que Guinea Ecuatorial no esté dispuesto a padecer a extremo la investigación o no pueda efectivamente hacerlo». «De momento consta, por la rogatoria, que está dispuesta, y si luego no pudiera efectivamente hacerlo será cuestión a resolver después si se constatara al impresión, máxime habiéndose ofrecido a los perjudicados su personación», subraya.
En la misma carrera, descarta que sirvan para apuntalar esa parecer los argumentos de la incriminación: «No puede pretenderse una causa universal contra Guinea Ecuatorial por la ‘persecución de opositores al régimen’, como así parece considerar la incriminación, y menos aún que el magistrado que instruye esta causa tenga por acreditada una corrupción generalizada, represión política por el presidente Obiang».