Puigdemont, el expresidente de la Generalitat prófugo en Waterloo, ha sido inequívoco. Ha dicho en las redes sociales que no acepta chantajes de nadie y que la pelota no está en su tejado: “Ni zanahorias, ni chantajes. De nadie. No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla. La presión no funcionará. La pelota no está en nuestro tejado. Y lo saben”. Esta vistoso posición de fuerza de Puigdemont ha ido acompañada de una nueva exigencia con destino a el Gobierno. Junts pretende ahora que el Ejecutante sancione a las empresas catalanas que se fueron de Cataluña por el proceso independentista y que se nieguen a retornar.
Tras esta demanda, la portavoz del Gobierno Pilar Alegría ha manifestado que “si poco caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica”. Por su parte, el nuevo ministro de Posesiones Carlos Cuerpo ha defendido “la estabilidad y la seguridad del entorno procesal es fundamental”. Moncloa echa balones sobre la cuestión de Junts. Esa seguridad jurídica a la que se refieren Cuerpo y Alegría es que es incompatible a la hora de sancionar a esas empresas.
Contra los reales decretos
El rechazo de la derecha catalana independentista a los reales decretos no es mínimo nuevo. En la pasada lapso rechazó 30 y se abstuvo con 55 leyes promulgadas en el Congreso de los Diputados. Votó en contra de todos los decretos anticrisis que se aprobaron. Esta nueva lapso no será mínimo acomodaticio y sacar proyectos delante se hará más cuesta hacia lo alto que nunca. En las últimas horas instaron al Gobierno de coalición retirar los decretos y negociarlos con ellos. Consideran que afectan a diversas cuestiones, entre las que se encuentra la ley de condonación.
ERC se desmarca de la posición de Junts ,ellos sí votarán a auspicio de los reales decretos. La portavoz del Govern , Patrícia Plaja, ha esgrimido que “no se pueden dar incentivos a las empresas que sacaron sus sedes de Cataluña porque sería penalizar a las que las mantuvieron”. “La sede social debe estar allí donde las empresas tienen su actividad y sus directivos”, ha anexo Plaja. Los de Puigdemont mantendrá su voto en contrra, fuera de sorpresa por negociaciones de última hora porque los decretos “agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican cortaduras de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de condonación”.