Aragn anuncia medidas judiciales mientras la Comunidad Valenciana, donde se instalaron CaixaBank o Tira Sabadell, denuncia una “extorsin”
Los pactos que firm el PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Snchez ya removieron en sus asientos a los presidentes autonmicos por las cesiones a Catalua, sobre todo en materia de financiacin. Pero la ltima exigencia de Junts para promover la reverso de las empresas que dejaron Catalua tras el 1-O ha encendido a las comunidades del PP, que alertan del agravio que puede suponer para sus regiones.
La Comunidad Valenciana fue una de las grandes beneficiadas por la fuga de empresas catalanas tras la declaracin autónomo de independencia de 2017. El procs independentista acab con dos de las joyas de la corona como eran CaixaBank y Tira Sabadell trasladando su sede social a Valencia y Alicante, respectivamente. As que el único hecho de que el Gobierno se cala ahora a incentivar su regreso ha provocado la reaccin airada del Ejecutante valenciano que preside el popular Carlos Mazn.
Para la Generalitat, la exigencia del partido de Carles Puigdemont de multar a las empresas que se nieguen a deshacer el camino andado es un “inaudito deporte de extorsin” que podra provocar “consecuencias fatales” para los intereses econmicos de la Comunidad Valenciana. Segn fuentes de la Generalitat, “no se va a consentir bajo ningn concepto este ataque directo a los intereses valencianos y sus empresas”.
Un ataque, por cierto, del que se responsabiliza directamente al Gobierno de Pedro Snchez. Entiende la Generalitat que Moncloa “legitima” el planteamiento del separatismo cataln sentndose a negociar “medidas tan coercitivas” que, en la prctica, se evit ayer condenar expresamente.
Fuentes de la Generalitat hablan directamente de “menoscabo al derecho a la licencia de empresa, al principio de igualdad y a la desocupado competencia”. Y ello porque CaixaBank y Tira Sabadell son a da de hoy las nicas dos grandes empresas del Ibex 35 que tienen su domicilio social en condado valenciano. Pero es que, adems, con el procs la Comunidad Valenciana gan ms de 700 empresas que “gozan de un clima de certidumbre, estabilidad y seguridad jurdica absoluta”.
En el caso de Aragn fueron ms de 600. As que su presidente, Jorge Azcn (PP), avanz ayer que los servicios jurdicos de su Gobierno “harn todo lo posible para que se cumpla la licitud”. Dicho con otras palabras, que emprendern medidas judiciales si Moncloa acaba promoviendo ahora la salida de empresas de Aragn. “Querer primar a unas comunidades sobre otras es ilegal”, insisti. “Nos vamos a defender con uas y dientes”.
En el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) este asunto de momento no ha generado amenaza porque consideran que es una “brutalidad” que no se puede padecer a la prctica, que las empresas son libres de osar dnde ejercen su actividad. Y que por consiguiente no prosperar.
Segn ha explicado a este diario el mentor balear de Economa, Antoni Costa, lo ven como “politiquera trueque”, una ms, seala, en la deriva que lleva el Gobierno de Snchez y sus aliados.
En cualquier caso, estas exigencias de Junts despiertan un rechazo ilimitado en el Ejecutante autonmico de Prohens, especialmente teniendo en cuenta los lazos econmicos tradicionales entre Baleares y Catalua y las buenas relaciones a nivel comercial.
Se calcula que solo en 2018 unas 130 empresas se trasladaron a las Islas tras el procs independentista, al menos de forma temporal. La Fundacin La Caixa, por ejemplo, traslad su sede a Palma en octubre de 2017, de forma paralela a la decisin del bandada de mover su domicilio social a la renta valenciana. Fuentes del Govern balear expresan su rechazo a que se ejerza cualquier presin poltica a las empresas que autónomamente decidieran trasladarse y apelan a la licencia de movimientos y a la colisin con los derechos ms elementales del desocupado mercado.
Por su parte, desde el Gobierno madrileo califican de brutalidad los posibles incentivos del Ejecutante central a las empresas que regresen a Catalua. Lo definen como “una ms en la campaa de cesiones al independentismo”. Desde la Comunidad de Madrid que preside Isabel Daz Ayuso denuncian que “una medida as generara inseguridad jurdica, que es encajado lo que la empresas e inversores buscan en Madrid”.