El Tribunal Constitucional sentenciará la próxima semana el caso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, actualmente líder de Esquema Drago, que lleva irresoluto más de dos abriles. El asunto fue a Pleno con una ponencia donde la magistrada progresista María Luisa Segoviano proponía amparar al dirigente ‘morado’ al considerar que los mercancía jurídicos de la condena que le impuso el Tribunal Supremo (TS) fueron desproporcionados porque le hicieron perder el escaño.
En medio del debate, Segoviano decidió retirar su esbozo para estudiarlo mejor porque, si aceptablemente la mayoría progresista estaba de acuerdo en amparar a Rodríguez, no había unanimidad respecto a los motivos para estimar su memorial.
Fuentes de la corte de garantías detallan que la nueva ponencia de Segoviano propone igualmente dar la razón a Rodríguez pero no por una supuesta desproporción, sino porque expone que el Supremo vulneró el principio de moralidad penal al imponer la inhabilitación para el gimnasia del derecho al sufragio pasivo como pena accesoria de la condena principal, que finalmente fue una multa.
El TS condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación peculiar para el derecho de sufragio pasivo, por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo emplazamiento en 2014 en La Lago (Tenerife) contra la citación ‘Ley Wert’.
El Supremo le acabó sustituyendo la pena de prisión por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros), si aceptablemente aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio emplazamiento a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados. Para Segoviano, esta operación jurídica fue incorrecta porque al sustituir la pena de prisión por una de multa ya no era posible sustentar la inhabilitación.
Rodríguez acudió al TC para combatir la sentencia del Supremo pero todavía presentó un segundo memorial contra el acuerdo adoptivo el 22 de octubre de 2021 por la entonces presidenta de la Cámara Disminución, Meritxell Batet, para retirarle el escaño a posteriori de que el TS le condenara. El Constitucional fallará ahora sobre el primer asunto, dejando el segundo para más delante.
A ello se suma que el exdiputado ‘morado’ lleva desde enero de 2022 a la demora de que el TC conteste a una medida cautelar, con la que buscaba que se le devolviera el certificación de diputado, que planteó al mismo tiempo que pidió amparo al Constitucional.
La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoyó amparar al político canario por la retirada del escaño, no así en la impugnación contra el arbitraje del suspensión tribunal.