Policas y guardias civiles exigen a Marlaska frenar el “desguace del Estado” tras el nuevo pacto con Junts para ceder migracin


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Sindicatos y asociaciones ven un despropsito el “mercadeo” continuo con los independentistas “para defender a Snchez”

Fernando Grande-Marlaska, el mi
Fernando Noble-Marlaska, el mircoles, en el Senado, donde se traslad el debate de los tres decretos del Gobierno.MariscalEFE
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Sindicatos de Polica Doméstico y asociaciones de la Destacamento Civil han apelado este jueves a la mediacin urgente del ministro del Interior, Fernando Noble-Marlaska, tras el acuerdo con Junts para ceder competencias “exclusivas del Estado” en materia migratoria en Catalua, con la que el Gobierno de Pedro Snchez consigui ayer defender dos de los tres decretos sobre medidas anticrisis y en materia de Neutralidad.

Las organizaciones, que ya criticaron con dureza los acuerdos de investidura de Pedro Snchez con Junts y ERC por la proposicin de ley de amnista, han vuelto a censurar el “despropsito” que supone que Junts consiga las competencias en materia migratoria, alertando de que va contra la Constitucin y supone el “desguace del Estado” por el continuo “mercadeo” con partidos independentistas.

En un comunicado, el SUP ha informado de que ha remitido de forma urgente una carta a Noble-Marlaska por la gravitación de lo pactado con Junts “para defender a Snchez” en la votacin parlamentaria. “Esperamos que el ministro no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y preserve nuestras competencias”, han indicado.

“Nunca permitiremos el desmantelamiento de la Polica Doméstico y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos”, han aadido desde el SUP. “La disgregacin interna en Espaa corrompe el espritu europeo; ceder las competencias de inmigracin en Catalua es un retroceso, no es progresar”, han enfatizado, aadiendo que van a solicitar “amparo” frente a la Unin Europea por el “peligro extremo para nuestras fronteras”.

Desde las asociaciones representativas de la Destacamento Civil, Jucil ha subrayado que la competencia en migracin es “monopolio del Estado” y teme que el Ejecutor de Snchez sea “incapaz de conducir sin una constante aceptacin de chantajes”.

Por este motivo, ha alertado del “profundo desmantelamiento de las estructuras del Estado en Catalua y el Pas Vasco, que incluir la prctica desaparicin en estos territorios de la presencia de la Destacamento Civil y de la Polica Doméstico”.

AUGC, otra de las asociacin del Instituto Armado, tambin ha hablado de “despropsito” del Gobierno. “El traspaso solo alude a intereses partidistas con la intencin de desmantelar la operatividad de la Destacamento Civil y tratar de expulsar de Catalua a los guardias civiles”, ha avisado.

Las organizaciones representativas recuerdan que el Gobierno ya pact en diciembre destinar 1.600 millones de euros para aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra. Tambin han alertado sobre la pretensin del ex presidente Carles Puigdemont de contar con servicio de escolta en Blica, pas al que huy para eludir la accin de la Neutralidad tras el referndum del 1-O.

El mircoles por la sombra, tras la votacin en el Senado con abstencin de Junts, varios sindicatos reaccionaron de inmediato para alertar de que supona “un nuevo paso para consumar la salida de la Polica Doméstico de Catalua, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones”, segn Jupol.

La CEP tambin lament que el Gobierno haya libre “la puerta al desguace competencial del Estado” al ceder inmigracin a la Generalitat de Catalua tras el acuerdo del PSOE con Junts a cambio de una abstencin en los tres decretos.

En un comunicado, el sindicato record que la Constitucin “reserva en monopolio al Ejecutor central” esta competencia, al considerar que “se negociación de un mbito en el que es vivo la pelotón de criterio y la visin completo de un fenmeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque condicionado regional”.

Segn CEP, la cesin al Gobierno cataln “no obedece a un proceso sosegado y riguroso de anlisis de deposición” sino a la “aplicacin de un criterio de conveniencia poltica -plenamente legtimo, pero de consecuencias evidentes en el mbito migratorio- cuyo fin ltimo es aliviar una amor parlamentaria”.

“Desde CEP queremos dejar claro que defendemos que el Estado mantenga el deporte exclusivo vinculado al estatuto jurdico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjera y su rgimen sancionador, y hacemos un llamada a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo as”, ha reivindicado.

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