Cada año se renuevan en la ciudad alrededor de 2.500 vehículos dedicados al servicio de taxi. Una obligación que marca la pauta y que debe cumplirse cada diez años. Pero en este ejercicio, los titulares de licencias de taxi se han topado con algunos problemas a la hora de cumplir la legislación, debido a “la crisis energética mundial, que afecta a la producción de vehículos”, según responsables del Gobierno regional. Por este motivo, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que aplaza Hasta el 31 de diciembre a partir de 2023 la obligación de renovar aquellos vehículos que ya hayan cumplido 10 años.
La medida, de hecho, afecta a los coches que ya habían cumplido una década el 1 de enero, y también a aquellos profesionales que acrediten haber formalizado una nueva compra de otro coche antes de esa fecha y aún no lo hayan recibido.
El Ministro de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, propuso esta moratoria como respuesta a las circunstancias económicas globales, que afectan la producción de vehículos, lo que ha provocado retrasos importantes en los plazos de entrega. Esto ha afectado principalmente a los vehículos eléctricos y a los adaptados para personas con movilidad reducida.
El aplazamiento fue solicitado por el Asociación de Comercio de Taxis, recuerda esta entidad en un comunicado. Su aprobación permitirá a los profesionales afectados seguir trabajando.
No es la primera vez que se toma una medida de este tipo: de hecho, en marzo de 2021, el Gobierno regional también levantó la mano y permitió circular durante dos años más a los taxistas con vehículos de más de diez años, sin necesidad de renovar. ellos, como medio de apoyo al sector como consecuencia de la crisis del coronavirus.