Este resultado se explica, en parte, por el crecimiento de la número de viajes registrados, ya que la firma registró 24.076 vehículos diarios en autovía, un 3,75% más. Dicho incremento le permitió aumentar sus ingresos por peajes un 12,08%, hasta los 89,73 millones de euros entre enero y junio de este año. Así, el resultado de explotación fue de 55,2 millones de euros, mientras que el beneficio antes de impuestos fue de 48,1 millones, situándose el beneficio neto en 36,1 millones de euros.
El peaje electrónico se posiciona como principal medio de pago de los clientes de Audasa, con tres de cada cuatro vehículos usándolo, ingresaron a través de ellos 44,1 millones de euros, un 11% más que en el primer semestre de 2022. Los pagos con tarjeta crecieron un 4,8%, hasta los 15,1 millones, mientras que el efectivo cayó un 11,7%, a 6
Audasa también entró por la bonificaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 17,9 millones de euros, un 5,3% más, mientras que las limitaciones tarifarias impulsadas también por el Gobierno supusieron unos ingresos de 4,3 millones de euros. El peaje en sombra supuso 6,1 millones de ingresos, un 8,9% más, aunque los descuentos de Audasa supusieron -3,8 millones menos de ingresos, un 11,7% más.
Entre otras cifras, la plantilla de Audasa creció hasta las 223 personas, dos más que entre enero y junio de 2022. De este total, el 45,3% son mujeres.
La condena de Rande
Audasa fue condenado en noviembre de 2022 a devolver el 50% del importe de la tasa que se cobró como peaje a 21 personas físicas y jurídicas durante las obras del puente de Rande, entre 2015 y 2018. Así, se reconoció que las obras “impedían un correcto servicio a los usuarios de la vía”, tal y como ordenó en su momento el Juzgado de Primera Instancia Instancia nº 12 de A Coruña.
El juez había dado por probado que las obras realizadas en el tramo entre los enlaces de Cangas y Teis, incluida la reforma del puente de Rande, suponían que Audasa “no prestaba el servicio en las mismas condiciones que cuando no hay obras”. según el despacho de abogados Xoán Antón Pérez-Lema, que se encargó de la defensa jurídica de los demandantes.
La sentencia señala que el propio informe pericial aportado por Audasa reconoce que se adoptaron restricciones a la circulación normal y se realizaron actuaciones específicas en materia de tráfico. Además, también señaló que, en contra del criterio de la concesionaria de la AP-9, los demandantes no tenían alternativa a la autovía, ya que los posibles itinerarios implicaban tiempos de viaje incluso más lentos que la propia autovía. pago en obras