La tensión estalló cuando el Congreso, de mayoría conservadora, declaró a los diputados de Arévalo como independientes, sin partido político. Esto les resta poder de maniobra. Los manifestantes partidarios de Arévalo se movilizaron para denunciar las maniobras de la competición con el objetivo de alterar la toma de posesión del nuevo presidente. En el Congreso se han producido golpes y empujones entre los partidarios del presidente electo y los opositores que se han llegado a encerrar en esa sala, lo que ha obligado a retrasar durante horas la investidura.
El Rey de España ha sido testificador de este caos. Horas ayer de estos altercados se ha reunido con Bernardo Arévalo. Felipe VI se ha tenido que prolongar a la demora de los acontecimientos. De esta forma y en presencia de el caos, las delegaciones diplomáticas allí presentes se han pronunciado en merced de la toma de posesión y han adeudado que se entregase el poder a Arévalo.
El Congreso reinicia la toma
Finalmente el Congreso de Guatemala ha reiniciado la toma de posesión para que Bernardo Arévalo sea Presidente. Los 23 diputados del Movimiento Semilla de Arévalo serán independientes en cumplimiento de la orden del magistrado séptimo emitida el 12 de julio de suspender la personalidad jurídica del parto. Los diputados no podrán conformar la Grupo Directiva, ni las Comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa. Esto se convierte en un obstáculo para la aprobación de iniciativas.
“Ya estoy aquí en el Teatro, esperando que el Congreso que se ha retrasado tanto termine sus cosas”, ha exclamado Bernardo Arévalo horas posteriormente del caos. Arévalo, socialdemócrata, tiene como objetivo “cerrar esta época tenebrosa de cooptación corrupta del sistema político en el que ha transcurrido nuestro país durante más de dos décadas”.
En los últimos meses la Fiscalía y el magistrado séptimo Fredy Orellana intentaron impedir su investidura. Los fiscales intentaron ilegalizar el partido de Bernardo Arévalo, encarcelaron a afiliados y pidieron la retirada de la inmunidad del presidente electo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para que fueran investigados por varios delitos. Incluso pidieron anular las elecciones.