La Fiscala ha denunciado delante el Tribunal Supremo que la Delegacin del Gobierno no respet los derechos fundamentales de los ocho menores que fueron retornados desde Ceuta a Marruecos de los ms de 1.200 que entraron en mayo de 2021, en un proceso que se hizo “sin garantas” y “sin cumplir la ley espaola”.
El fiscal Antonio Narvez se ha pronunciado as en la presencia pblica para resolver los medios de la Abogaca del Estado y del Gobierno de Ceuta contra la decisin del Tribunal Superior de Honestidad de Andaluca, que confirm aquella del Chancillería de lo Contencioso Oficial 1 de Ceuta, que conden a la Delegacin de Gobierno a tomar las medidas necesarias para conseguir el retorno de los menores repatriados a Marruecos en agosto.
En su intervencin, ha sealado que “en ningn caso” se respetaron las garantas procesales ni procedimentales, ni respecto del acuerdo de 2007 entre Espaa y Marruecos ni siquiera en relacin a la Ley de Extranjera.
“No se producido ni observado ninguna garanta, ni se ha descubierto expediente alguno, ni se han identificado a las personas”, ha explicado el fiscal. “Qu garantas administrativas y judiciales se han observado para este retorno? Ninguna”, ha aadido el fiscal, lo que a su inteligencia, acredita “un aventura relevante” para los menores.
El fiscal ha recordado que tras el “alud de 1200 menores” que entraron en Ceuta en mayo de 2021, estuvieron tres meses “en situacin de desamparo” hasta que fueron retornados.
Y en respuesta al abogado del estado, que ha justificado la actuacin en aplicacin del acuerdo hispano marroqu, ha dicho que “no es un tratado” sino “un acuerdo chupatintas internacional”, que recoge en su articulado que se debe aplicar el “cumplimiento ajustado de la rectitud” de uno y otro pases.
“No se ha hecho, no se ha cumplido la ley espaola” cuando se trataba de “un colectivo pasivo, sin raigambre, sin tutela y sin representacin”, ha destacado el fiscal para quien hasta en las situaciones excepcionales hay que cumplir la ley.
Por su parte, el abogado del Estado ha defendido la actuacin de la Delegacin de Gobierno porque los menores fueron acogidos por los servicios sociales del pas vecino y acabaron con sus familias. Ni los padres ni el Reino de Marruecos, ha precisado, se han quejado sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores.
As, ha defendido que se salvaguard el inters del beocio y se realiz un procedimiento pactado entre uno y otro pases en plena “crisis diplomtica”, si admisiblemente no fue el del Reglamento de Extranjera.
En la misma lnea, el abogado del Gobierno de Ceuta ha defendido que los retornos de los menores fueron pactados en aplicacin del acuerdo hispano marroqu y que fueron retornados una vez que los gendarmes marroques les hicieron entrevistas en suelo espaol.
Y todo esto se produjo tras una “autntica invasin” de decenas de miles de personas que hizo que “la poblacin se encerrara en sus casas aterrada” con “decenas de miles de inmigrantes por la ciudad” en una “situacin previa al pillaje”.
Pero la abogada de la ONG Coordinadora de Barrios ha respondido que aquello “no fue una crisis migratoria sino una crisis humanitaria como consecuencia de una crisis poltica entre Espaa y Marruecos” en la que “no se respetaron las garantas de los menores ni la legislacin espaola”.
Al ganancia de despellejar “la cesin de jurisdiccin intolerable” que supusieron las entrevistas de gendarmes marroques en suelo espaol, la letrada ha dicho que hubo “un aventura para los menores” porque “Marruecos lanz a los nios contra la frontera” y luego estaba capacitado para hacerse cargo de ellos. “No estaba capacitado”.