En total, JxCat ha presentado este martes hasta 12 enmiendas a la ley de perdón, el punto esencia del acuerdo entre los independentistas y socialistas para sacar a delante la investidura de Pedro Sánchez, para que tenga “pertenencias inmediatos desde su aprobación y extender la ley a los delitos que atañen a Tsunami y en los que está imputado el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
Las enmiendas, registradas por los independentistas en solitario en el Congreso de los Diputados, buscan sortear los procedimientos “en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes” por estos delitos.
“Para conseguir que el ámbito objetivo de esta perdón abarque al decano número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirar de las exclusiones de la Ley los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos castigados en el Capítulo V del Título XXII del Volumen II del Código Penal y los actos tipificados como delitos de terrorismo”, señala el texto presentado por Junts en la Cámara Muerto.
Junts entiende que las enmiendas que ha presentado a la ley de perdón para que los delitos de terrorismo no sean excluidos de la misma son “del todo convenientes” a raíz “del uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes”.
Adicionalmente, los independentistas catalanes se hacen eco de la reactivación de procesos “que se asumía que estaban destinados al sobreseimiento” una vez se hizo pública la ley de perdón, en clara cita al caso de Tsunami Democràtic y la imputación por terrorismo de Puigdemont el pasado mes de noviembre por parte del magistrado de la Audiencia Doméstico Manuel García-Castellón.
Las enmiendas presentadas por JxCat asimismo exigen que la ley de perdón se amplíe su situación temporal hasta el 2 de noviembre de 2011, a la vez que pide extinguir “las responsabilidas civiles y contables” en los casos de que están encausados en el Tribunal de Cuentas.
Por otro costado, Junt pretende resguardar la ley de perdón en presencia de los presumibles medios de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales a la neutralidad europea que puedan impedir el aumento de medidas cautelares u órdenes de detención y prisión.
JxCat indca que el fin de la ley de perdón es “invadir, en aras del interés genérico y en el situación del Estado de Derecho, las circunstancias políticas excepcionales del denominado proceso independentista”, lo que requiere, a su entendimiento, una aplicación “efectiva e inmediata” de la norma. Por esta razón, los independentistas opinan que es prioritario aclarar que las cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales no influirán a la hora de aplicar dicha ley.
De esta forma, Junts propone reparar el artículo 4 de la proposición de ley de perdón que registró el asociación socialista e incluir dos nuevas disposiciones adicionales. En una de ellas se establece que, aunque se suspenda un proceso cuando un magistrado presente una cuestión de inconstitucionalidad, se seguirán levantando las eventuales órdenes de detención, prisión o procesamiento que estén en vigor y otras medidas restrictivas de derechos.
Adicionalmente, las medidas asimismo deben levantarse en el caso de que un magistrado recurra a la “vía singular” que ha rajado la derecho europea y decidiera que la ley de perdón es inaplicable porque es incompatible con el derecho comunitario, apunta Junts, pese a que reconoce que es “muy improbable” que esto suceda, “pero no irrealizable”.