La crítica a la “herencia recibida” fue durante ocho abriles un armas política de la que se sirvió el ex presidente valenciano, el socialista Ximo Puig. Dicen, sin confiscación, que la venganza es un plato que se sirve frío, y quien ahora se lo pone a Puig sobre la mesa es Carlos Mazón. Tras medio año instalado en el Palau de la Generalitat, el dirigente del PP costal ahora toda la artillería para poner patas en lo alto el sector conocido instrumental, el conglomerado de empresas y fundaciones de la Generalitat que, en palabras de Mazón, es un “pozo sin fondo” de la contratación a dedo, los enchufes “masivos” y el descontrol en los pagos.
Hasta el punto de que la propia Intervención de la Generalitat, que es el víscera encargado del control interno de la encargo económica, alerta en un crónica de la realización de pagos por parte de organismos públicos a cuentas bancarias sin identificar. La paradoja es que la alerta la lanzó la Intervención en un documento fechado en abril de 2023, es opinar, cuando aún no se había producido el cambio de gobierno, tras la realización del plan anual de auditorías del sector conocido correspondiente a 2022.
Y es este crónica precisamente el que esgrime el coetáneo Consell para encargar una auditoría a fondo del funcionamiento del sector conocido valenciano en los últimos abriles, una investigación que incluirá una auditoría forensic “para detectar posibles casos de fraude” y exigir “responsabilidades administrativas y penales” si fuese el caso, según advirtió ayer Mazón en rueda de prensa.
El citado documento pone el acento en el estado de la pagaduría de un total de 51 organismos del sector conocido, para alertar de que “en 22 entidades se ha observado un nivel de peligro stop en el ámbito referida a los controles de plazo”. En concreto, la Intervención se refiere a “deficiencias en la irradiación y firma de las órdenes de plazo por el víscera competente, en el documento de domiciliación bancaria o entrada de terceros aportada por el destinatario del plazo y/o en la identificación de la cuenta bancaria donde se ha efectuado el plazo”.
“¿Sabía a quién le hacía las transferencias?”, preguntaba Carlos Mazón en remisión al preparatorio Consell. La Intervención constata la “partida de procedimientos formalmente aprobados de demostración” de los datos de las cuentas bancarias destinatarias de los pagos que realizan las empresas públicas. En este sentido, reclama “medidas técnicas de control” sobre los destinatarios de estos pagos y de las cuentas donde se efectúan.
Las entidades en el punto de mira por esta ejercicio, tal y como revelan las respectivas auditorías a las que ha tenido llegada este diario, son la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP), el Instituto Valenciano de la Adolescencia (IVAJ), el Instituto Valenciano de Civilización (IVC) o el Consorcio de Museos, cuyo directivo fue despedido por Vox alegando precisamente “irregularidades” en la encargo. “No se ha podido demostrar de forma fiable y segura que la salida de fondos de las cuentas titularidad de la entidad se produce sin riesgos significativos de error o fraude”, se advierte por ejemplo sobre la AVAP.
Otra de las entidades señaladas por este “descontrol” en los pagos es la responsable de los servicios de emergencias, la SGISE. Controlada en su día por los socialistas, esta empresa “trató de colar 1.800 empleos públicos a las puertas del 28-M, aunque quedó en jerarquía de tentativa”, según Mazón.
De hecho, la Intervención reserva un apartado en su crónica para analizar el ámbito de personal de las empresas públicas. La conclusión sobre el adiestramiento 2021 no deja zona a dudas: “Existen más de 4.000 contrataciones de personal sindical temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección Común de Presupuestos“.
Es opinar, se engrosó la plantilla pública sin autorización presupuestaria. Solo en un año, las entidades del sector instrumental realizaron 6.398 altas de personal sindical temporal, mientras que Hacienda sólo dio el manido bueno a 2.081 contratos, según las cifras que desvela la Intervención. Más toques de atención: “No existen herramientas informáticas adecuadas que permitan permanecer un registro de personal unificado”.
El PSOE echó ayer balones fuera y rememoró la “cueva de Alí Babá” de los tiempos pasados del PP. Según el partido de Puig, todo forma parte de una “cortina de humo”, como prueba el hecho de que “la gran reforma del sector conocido de Mazón se traduce en suprimir seis entidades inactivas con un parquedad de cero euros”. Son seis empresas “espíritu”, en palabras de Mazón, que en sinceridad no tenían presupuesto ni personal. Será el primer tijeretazo en la reestructuración del sector conocido.