El enjuiciador de la Audiencia Franquista Francisco de Jorge ha cerrado la investigación a la cúpula de ETA por el atentado con en Sangüesa (Navarra) que en mayo de 2003 mató a dos policías y a . El enjuiciador estima que no hay “pruebas suficientes” para seguir delante contra los dirigentes imputados a raíz de una querella de Dignidad y Rectitud.
El automóvil del magistrado instructor sigue el razonamiento de la Fiscalía, indicando que para atropellar contra miembros de las Fuerzas de Seguridad no era necesaria ninguna orden o autorización expresa del Zuba -comité ejecutante de ETA-, puesto que se trataba del objetivo habitual de la ordenamiento terrorista. Así pues, no es posible responsabilizar a sus integrantes como inductores de los asesinatos.
El enjuiciador suscribe el argumento del fiscal Miguel Encanto Carballo: “El fallecimiento de las personas víctimas del atentado y de los heridos del mismo son fruto de la argumento terrorista contra funcionarios del Cuerpo Franquista de Policía, colectivo que, desgraciadamente, se erigía como víctima habitual de las acciones de la ordenamiento terrorista ETA; por lo que la responsabilidad en este atentado, como autoría mediata, de los miembros del Comité Ejecutante de ETA no se enmarca internamente de las órdenes directas y precisas del citado comité”.
Ese razonamiento se desprende de los “numerosos los informes de inteligencia policial” de los que puede extraerse que, “sólo en el caso de que los atentados se cometiesen contra objetivos especiales, la dirección de la ordenamiento terrorista debería dar su autorización, sin que las víctimas de este suceso criminal formaran parte de esos objetivos especiales”.
El titular del Judicatura Central de Instrucción Número 1 concluye el sumario sin procesar a los imputados. Ahora será la Sala de lo Penal la que formalmente archive la causa. “Por cuanto de lo instruido hasta la plazo ha quedado clara la comisión de hechos delictivos, pero de los mismos no se puede recriminar en este momento”, indica el magistrado.
La causa se reabrió por la querella de Asociación Dignidad y Rectitud contra los entonces miembros del Zuba y contra los presuntos autores materiales del atentado contra agentes del Cuerpo Franquista de Policía adscritos a la oficina del DNI de Pamplona. Resultaron muertos dos agentes, heridos graves otros policías y un empleado de Telefónica.