El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos abriles de prisión a un hombre que entre el 2013 y el 2014 sustrajo del archivo diocesano de Teruel las partidas de acristianamiento y connubio de varios antepasados suyos de los siglos XVIII y XIX, con el objetivo de falsear su genealogía y conseguir su título como distinguido de la Orden de Malta.
Adicionalmente de la pena de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, el Auditoría de lo Penal Único de Teruel, en sentencia ratificada por la Audiencia Provincial y ahora por el Supremo, le impuso incluso el plazo de una indemnización al Archivo histórico de 12.000 euros por la mutilación de los libros.
Tenia el objetivo de documentar su clase y genealogía
Según los hechos probados, entre finales de 2013 y principios de 2014, el inculpado accedió al Archivo Histórico Diocesano de Teruel con el fin de hacerse con las partidas de acristianamiento y connubio de sus antepasados inscritas en los “Quinque Libri” de Barrachina (Teruel) y en los de Villarejo de los Olmos (Teruel).
Lo hizo con la intención de documentar su clase y genealogía en presencia de la Soberana Orden Marcial y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, en la cual había interesado su mejora en esa plazo como Abnegado de Honor y Devoción.
Arranco los folios correspondientes
Para evitar ser descubierto en las irregularidades advertidas por el fiscal de la Orden de Malta en el expediente incoado a su instancia, “no dudó en proceder de los libros y hacer desaparecer los folios correspondientes” a las partidas de acristianamiento de un tatarabuelo, de 1839, y un cuarto antecesor, de 1798, así como las de connubio de unos cuartos abuelos (1835) y quintos abuelos (1775), que eran documentos en su contra.
A finales de mayo de 2017, una persona se presentó en el Archivo, por encargo de la Orden de Malta, para comprobar la autenticidad y verdad de la genealogía presentada por el inculpado.
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Se percató de que faltaba el Obra II de las Partidas Sacramentales de la Parroquia de Barrachina (1693-1774), así como los documentos descritos, por lo que avisó al director del Archivo, quien denunció la sustracción en plazo 10 de agosto de 2017.
Dos semanas luego, el director se personó de nuevo en presencia de la Guarda Civil para contar que había recibido un paquete desde una parroquia de Madrid, que contenía el Obra II y una nota en la que se podía repasar: “Sr Vicario, le hago resistir este Obra entregado por una persona en confesión”, habiendo quedado acreditado que el autor material de esa entrega era el inculpado.
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