El viernes dej el primer gran traspi del PSOE en la defensa de la amnista. En su ataque, pis un demarcación minado. Despus de una semana gestionando el ruido derivado de las enmiendas parciales a la Ley de Amnista, de los informes de los letrados contra esa norma, de las reuniones con Junts en el Congreso…, el Gobierno perdi el control del mensaje y del argumentario, hasta el punto de tener que rectificar, equilibrar, replegar, para no hallarse traumatizado por una acusacin a los jueces, puntual cuando la oposicin traslada a Europa los peligros para el Estado de Derecho y la separacin de poderes en Espaa.
Fueron tres horas de pasmo en el PSOE, el tiempo que va de las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera contra el magistrado Manuel Garca-Castelln (8:44 horas) a un comunicado del propio Gobierno desautorizndola sin citarla (11:42), pues sus comentarios rompan con la lnea de respeto a la Honradez que Moncloa habón tratado de traicionar estos das. Y que Flix Bolaos habón trasladado a las asociaciones judiciales a lo abundante de esta semana. Entre Ribera y el repliegue del Gobierno, estuvo rpido el PP: a las 10.29, se anticip con un comunicado exigiendo explicaciones.
La vicepresidenta tercera del Gobierno hizo un sealamiento pblico de uno de los jueces que investigan las derivadas del procs. En una entrevista en TVE, Ribera sostuvo que Garca-Castelln tiene una implicacin poltica importante y suele salir a colacin en momentos sensibles, despus de que este jueves insistiera en la imputacin por terrorismo al ex president cataln Carles Puigdemont.
La tambin ministra de Transicin Ecolgica, que este domingo se incorpora a la Ejecutiva Federal del PSOE, hizo estas declaraciones despus de que el magistrado de la Audiencia Franquista se reafirmara en su memoria de que el Tribunal Supremo (TS) debe investigar al lder de Junts por delitos de terrorismo en la causa abierta contra la plataforma Tsunami Democrtic. Hay algunas personas (…) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma direccin y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compaeros internamente del prueba del poder procesal. Result tan rotunda, en su doble intervencin al respecto, que los presentadores mostraron su asombro, primero, con un est diciendo que al magistrado le pueda regir un criterio poltico? y, despus, concluyendo: Tal como lo ha descrito sera un caso de lawfare [persecucin poltica de la justicia o cuerpos de seguridad].
Bolaos sale al paso
El sealamiento de Ribera chocaba frontalmente con el mensaje que el ministro de Honradez habón venido transmitiendo a todas las asociaciones judiciales. De hecho, en una nota de prensa, difundida a primera hora de este viernes por el Ocupación de Honradez, se informaba de que Bolaos habón comunicado a los colectivos judiciales que la voluntad del Gobierno es defender la independencia e integridad de la Honradez, as como la punto de juezas, jueces, magistradas y magistrados frente a cualquier cuestionamiento.
En esa lnea, fuentes de La Moncloa saltaron a puntualizar a Ribera; El Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Legislativo aunque, en ocasiones no comparta algunas de ellas. En este sentido indicaron que, en el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideracin jurdica de los hechos ocurridos como terrorismo estn pendientes de expediente en presencia de la propia Audiencia Franquista. Y prometan respetar cualquier que fuese el resultado. Obviando el origen del comunicado, las palabras de un miembro del propio gobierno, se lanzaron contra el PP: Si en Espaa hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Legislativo es el secuestro al cual el PP est sometiendo al CGPJ bloqueando su renovacin desde hace ms de cinco aos.
Esa narración al principal partido de la oposicin se explicaba no slo para desviar el foco, sino tambin como respuesta, pues desde Gnova se haban anticipado a Moncloa. El partido de Alberto Nez Feijo sealaba como de una solemnidad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insine que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones. En su comunicado, recalcaban que el sanchismo asume el discurso independentista de que la Honradez no es imparcial y que Ribera pone voz a los que dicen que en Espaa hay lawfare. Y en defensa del magistrado, destacaron que los socialistas no cuestionaban la imparcialidad de Garca-Castelln cuando instrua casos como Pnica, Lezo o Kitchen, agregan en narración a causas por corrupcin que afectaron al PP. Desde Gnova reclamaban memorizar si el ministro de Honradez o la de Defensa, Margarita Robles, que es jueza, opinaban como Ribera. Exigimos el cese de los ataques a los jueces espaoles por parte de los independentistas, pero sobre todo, y tambin, por parte del Gobierno, decan.
Moncloa regate rpido con su desmentido implcito de Ribera, pero los socios del Gobierno celebraron las palabras de la vicepresidenta desautorizada. Primero, Podemos, enfrentado desde abundante al propio Garca-Castelln por sus investigaciones sobre la financiacin del partido. Despus ERC, que seal al magistrado por su obsesin poltica y su intencin de incriminar al independentismo, mientras negaba que hubiese terrorismo en las movilizaciones tras la sentencia del procs. Y por supuesto Carles Puigdemont, que acus al magistrado de vulneracin persistente del Estado de Derecho y aprovech para protestar una amnista integral, es proponer, que incluya, en la lnea de las enmiendas parciales con las que arranc la semana, el perdn para los acusados de terrorismo, como hoy Puigdemont.