El caso procede del audiencia de primera instancia Nº1 de Celanova y se juzgará en la Audiencia Provincial de Ourense el próximo martes y miércoles, a las 10 horas.
Los hechos que se le imputan
Según relata el Profesión Fiscal en su escrito, la acusada trabajó como mediadora de seguros en la compañía Reale Seguros, con oficina en Ourense, entre los primaveras 2017 y 2019.
La mujer ofertaba diferentes pólizas a sus clientes, que tras aceptarlas, enviaban el boleto correspondiente al suscripción de los seguros a la acusada. Ella se encargaba de hacer el suscripción correspondiente a las compañías aseguradoras. De esta forma, la mujer dirigía, disponía y coordinaba, el patrimonio de sus clientes así como sus datos personales y el número de sus cuentas bancarias.
Durante los primaveras 2018-2019, la acusada realizó diversos cargos de pólizas aseguradoras en una cuenta bancaria, abierta en la oficina de Abanca de la aldea de Gomesende, de la que la víctima era propietario y administrador, sin el previo consentimiento de este.
En total, la acusada realizó cargos por valencia de 1.596,81 euros por diferentes supuestos recibos de seguros de coche.
Denunciada por las víctimas
Como consecuencia de estos hechos, la víctima denunció los hechos en la Destacamento Civil con momento 18 de octubre de 2018.
En el mismo año 2018 la acusada contrató con sus clientes dos seguros de vehículos, uno correspondiente a un transporte Citroën Jumper con placas de matrícula por cuantía de 440,17 euros así como un seguro de un transporte IVECO 50C18, por un cuantía de 501,54 euros.
Los importes citados fueron cargados en la cuenta corriente, anteriormente mencionada, en diciembre de 2018.
En el mismo año, la otra víctima contrató con la acusada un seguro multirriesgo para su empresa, ‘Maderas Manchica S.L.’, por la cantidad de 2.626,25 euros. Tras acreditar dicha cantidad, no contrató ni efectuó suscripción alguno a ninguna aseguradora, por lo que la víctima no consiguió su seguro.
En momento 25 de septiembre de 2019 la acusada procedió a devolver a la víctima la cantidad de 3.475 euros a cuenta de los seguros que no había contratado o que había cobrado en otras cuentas.
Por todo ello, la Fiscalía ve un delito de estafa, por el que pide una pena de un año y tres meses de calabozo. Igualmente, procede la imposición a la acusada de las costas. Asimismo piden que la acusada indemnice a la víctima con 1.596,81 euros, en concepto por las cantidades defraudadas.