El TC debe atreverse sobre la derecho de las modificaciones al Impuesto de Patrimonio. Está en solaz la devolución de las liquidaciones de 2021 y 2022 por 1.352 millones y 1.203 millones de euros, respectivamente. Y la sentencia podría agacharse por resolver inconstitucional este tributo, que afecta a los contribuyentes que tengan más de 700.000 euros de riqueza personal y cuya colecta neta se situó en 2022 por encima de los 1.200 millones de euros.
El tribunal podría tumbar la reinstauración permanente del impuesto al ocurrir indicios de que vulnera dos principios constitucionales: el principio de reserva de ley y el de capacidad económica. La Ley de Presupuestos de 2021 modificó varios aspectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, subió un punto el tipo mayor, hasta situarlo en el 3,5% y estableció el carácter permanente del tributo, cuando hasta entonces tenía un carácter temporal.
El Asociación Parlamentario Popular interpuso un expediente de inconstitucionalidad en presencia de estos cambios, que fue admitido a trámite y que está irresoluto de resolución. Como explicó el rama popular cuando planteó el expediente, “la Ley de PGE para 2021 ha introducido dos modificaciones muy relevantes. Concretamente, el incremento del tipo insignificante mayor del referido impuesto, pasando del 2,5% al 3,5%; y la conversión con carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, hasta ahora calificado como temporal”.
El rama político insistía en que el Gobierno justificaba las medidas para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, pero “no tiene sentido que un impuesto en vías de acabamiento a nivel mundial se convierta en indefinido”. Catedráticos y expertos en materia tributaria confían en que el tribunal avale el expediente del PP. No obstante, la división del suspensión tribunal, entre el bando de los siete magistrados progresistas y los cuatro conservadores, genera dudas sobre el sentido del decisión.