En el Gobierno causa incomodidad el discurso duro, casi racista para muchos de Junts sobre la inmigración -pidiendo tener la potestad de expulsar a inmigrantes reincidentes- luego de que la formación que lidera Carles Puigdemont presumiera de ocurrir pactado con La Moncloa la delegación de competencias en materia de inmigración. Un hecho que ha puesto en escolta al resto de comunidades, por el hecho de una materia cuyas competencias atribuye la Constitución al Estado, y al propio Gobierno que pesquisa diluir esta polémica, sin explicar ni mostrar documento alguno de lo que ha pactado exactamente con los independentistas.
En medio de la polémica, el Gobierno ha decidido acelerar la constitución y celebración de la primera reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración para la próxima semana. Un víscera creado hace una semana por el Consejo de Ministros y destinado a «impulsar y coordinar las medidas que hayan de adoptarse por la Filial Normal del Estado con el fin de atender los flujos inmigratorios irregulares en región castellano». El Efectivo Decreto que establece su composición y funcionamiento determina que este víscera se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este auténtico decreto, el 16 de enero, pero el Ocupación de Política Territorial, que es quien lo preside ha apretado el calendario, preciso cuando está viva la polémica por la cesión sobre inmigración a Junts y cuando las comunidades, incluida Cataluña donde gobierna ERC y no la formación de Puigdemont, miran con recelos este pacto aún no publicado.
«La vamos a constituir en los próximos días para la coordinación en presencia de el engendro migratorio, una cuestión en la que todas las instituciones deben ir de la mano y con un mensaje único», razonó ayer Hechizo Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Y es que el mensaje en las últimas semanas ha sido desigual. Junts decía una cosa y el Gobierno otra. Los independentistas que tendrían las competencias para hacer y deshacer, el Ejecutante que la competencia sería estatal y que se alcahuetería de una delegación a afinar aún en una ley orgánica aún sin entablar a redactar y que no estará repertorio hasta, al menos, 2025. Esa distorsión, por otra parte de confusión, ha generado inquietud. A ello se suma asimismo la polémica generada por unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso vinculando la presentación de migrantes con agresiones sexuales y denunciando que el Gobierno «no ha hecho nadie por coordinarse» con el resto de administraciones para solventar la crisis migratoria.
Estos hechos, que han desdibujado el mensaje sobre la política migratoria del Ejecutante, sumado a las imágenes de llegadas continuas de embarcaciones a las costas españolas, han llevado al Ejecutante a «compendiar los plazos» y convocar ya esta nueva comisión en la que cada uno de los ministerios pondrá sobre la mesa su administración y las negociaciones en el ámbito de sus competencias. El propósito es exhalar un mensaje de tranquilidad a la sociedad y a las comunidades, por otra parte de intentar retornar a tener la iniciativa en esta materia.
Siete ministerios
Este víscera está integrado por siete ministerios -Exteriores; Interior; Trabajo; Derechos Sociales; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Pubescencia e Infancia-, pero Política Territorial puede convocar a las reuniones a otros órganos superiores y directivos de la Filial Normal del Estado y de sus organismos públicos, o a representantes de otras administraciones públicas -por ejemplo Comunidades Autónomas-, que participarán con voz, pero sin voto.
De ahí que el ministro de Política Territorial subraye que «es necesario que las 17 comunidades se impliquen al flanco de Canarias y de las dos ciudades autónomas y que la UE con el nuevo pacto de inclusa e inmigración asimismo dé respuesta a las demandas que se plantean desde Canarias».
Anejo a la inmigración, la Ley de Perdón es otro de los asuntos que monopoliza los desvelos del Gobierno. Hoy la Comisión de Neutralidad del Congreso emite el parecer sobre la norma. Junts y ERC aún aspiraban ayer a que la perdón incluya los delitos de terrorismo. Fuentes socialistas insistieron ayer en repeler estos cambios y limitarlos a las cuestiones «técnicas» ya pactadas y aprobadas hace una semana. En el Gobierno y el PSOE insisten en que la norma tal y como está es «impecable jurídicamente» y «plenamente constitucional» y temen que las exigencias de los independentistas desbaraten esa percepción y su discurso. Sin requisa, fuentes de los partidos nacionalistas señalaron el lunes a última hora a este diario: «Seguimos hablando».