Reynders trasladó su disposición a aceptar este papel en una carta dirigida al ministro de Probidad, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Influencia Institucional del PP, Esteban González Pons.
La Comisión, explica Reynders, ha “reflexionado sobre la mejor modo de proveer” el desbloqueo del CGPJ y se declara “acondicionado para involucrarse” en un diálogo estructurado, aunque no precisa cuántas reuniones podrían celebrarse en este ámbito ni dónde tendrían circunscripción, más allá del diálogo original que tendrá circunscripción en la caudal belga la próxima semana.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo habían pactado a finales de 2023 que la Comisión Europea supervisase el diálogo para la renovación y reforma del CGPJ tras cinco abriles de incomunicación. Durante el mes en el que Bruselas ha reflexionado sobre esta petición, el entraña comunitario ha insistido en que la responsabilidad de renovar y corregir el CGPJ “es de las autoridades españolas, no de la Comisión” Europea.
Pero ahora, la Comisión Europea es dispuesto a que la nominación de los miembros del CGPJ se aborde como prioridad e inmediatamente luego se inicie el proceso para la reforma del proceso de designación según los estándares europeos.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno ya ha reaccionado, agradeciendo a la Comisión Europea su “rápida respuesta” a la petición de del Gobierno para que se implique en la renovación del Consejo Militar del Poder Sumarial (CGPJ), que lleva más de cinco abriles caducado. Encima, ha asegurado que retraso entablar a trabajar “con aprieto” en la misma. Así lo han indicado fuentes gubernamentales que esperan que esta sea la negociación “definitiva”, luego de varios intentos en los que el PP se ha acostado antes.
En esta misma estría, desde el Gobierno aseguran que trabajarán para devolver la normalidad institucional al poder legislativo y el prestigio que se merece al CGPJ y reiteran encima que el incomunicación de este entraña está provocando una crisis institucional y un damnificación del servicio notorio de la Probidad, encima de un coste crematístico que cifran en 12,5 millones de euros anuales.