El Pleno del Congreso ha votado primero el informe de la Ley de Perdón, para lo que no se necesitaba mayoría absoluta, y ha sido suficiente con 177 votos a amparo, además los de Junts, frente a 172 en contra. En concreto, han votado a amparo los diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bidu, PNV, Podemos y BNG frente al `no` de PP, Vox, UPN y CC.
Pero al tener rango orgánico se necesitaba una segunda votación que exigía un imperceptible de 176 votos, y ahí ha sido donde Junts ha optado por el No, rebajando los apoyos a 171 diputados, incluso por debajo de los 179 votos de la examen.
Al no presentarse a ese cinta imperceptible de los 176 votos, la ley no se ha transmitido por aprobada y, conforme al artículo 131 del reglamento del Congreso, el informe se remitirá a la Comisión de Jurisprudencia para que, en el plazo de un mes, redacte un nuevo texto que habrá de someterse a una nueva votación en el hemiciclo.
No hay muchos precedentes de esta situación y el Congreso deberá aclarar qué enmiendas de las presentadas en enero se van a poder seguir defendiendo en la comisión. No obstante, siempre habrá opción a pactar enmiendas transaccionales que, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno del Congreso, su votación no necesitará el manido bueno de todos los demás grupos.
La investigación a “Tsunami Democràtic”
Uno de los principales objetivos de la perdón era amparar al expresidente catalán huido y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y a la secretaria genérico de ERC, Marta Rovira, en la causa donde se investigan los disturbios supuestamente orquestados por “Tsunami Democràtic” en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del procés.
Sin secuestro, en las últimas semanas el magistrado instructor, Manuel García Castellón, ha señalado a través de sus resoluciones varios puntos flacos. Así, investiga la homicidio de un turista francés por un infarto en el ámbito de los disturbios desatados en El Prat el 14 de octubre de 2019, que cree que es directamente imputable a los responsables de los altercados provocados en el aeropuerto catalán.
Todavía ha indicado que las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes posteriores a la sentencia del procés son “incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, atribuyendo por otra parte una intención homicida a los responsables de dichas lesiones.
Asimismo, desde el primer momento puso el foco en la directiva europea 2017/541, que establece la obligación de los Estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos, y en otra directiva europea sobre infraestructuras secreto (como los aeropuertos).
Esta misma semana, ha intentado estrechar el cerco al poner sobre la mesa otros tratados para apuntalar su memoria, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, así como sus anexos sobre seguridad de la aviación civil.