La tranquilidad que el pequeo municipio de Alella (Barcelona) proporcionaba a la comunidad Dubach, desde que lleg en 2018 procedente de Zrich (Suiza), se trunc definitivamente hace poco ms dos meses. Manar an explica visiblemente nerviosa la indicación telefnica que recibi en la maana del 22 de noviembre por parte de la direccin del colegio privado Santa Mara del Pino, que le avisaba de que deba ocurrir a congregar a su hija Sena, de 11 aos, que estaba expulsada.
Ni ella ni Etienne, su marido, llegaron a imaginar que hoy se estaran planteando emprender acciones legales contra el centro, por las irregularidades del expediente sancionador, y contra la Generalitat por dejacin de funciones y privar del derecho a la educacin a la pequeño, que hasta el 15 de enero no pudo regresar a las aulas, con cambio de centro incluido.
Diagnosticada de un cargo de autismo (trastorno de la comunicacin social), TDAH y discalculia (condicin neurolgica que dificulta la comprensin matemtica), el comportamiento de Sena habón entregado seales de alerta en mayo. Nuria G., su terapeuta particular, detect la existencia de conflictos con dos compaeros del colegio. Unos problemas que se reprodujeron, con el inicio del sexto curso de Primaria, a finales de septiembre y en octubre. La comunidad reclam la comprensión del protocolo contra el acoso escolar tras ser alertada por Mara Eugenia M., la origen de un compaero de clase, de que la nia habón recibido agresiones fsicas y verbales, una informacin que esa progenitora traslad tambin a los responsables del centro.
El equipo de profesionales de la escuela consider que no se daban las circunstancias para iniciar ese proceso y, unas semanas despus, reclam a Manar y Etienne que Sena deba estar acompaada por un velador escolar para evitar nuevos conflictos. Consultado por este diario, el director de Santa Mara del Pino, Francesc Serra, explica que la situacin se habón agravado y que las versiones de los profesionales del centro coincidan en sealar a Sena como la causante de los problemas, que mayoritariamente se producan con la hija de un profesor.
Tratndose de un centro privado, el coste de la figura del soporte educativo iba a recaer en la comunidad. El acompaamiento por parte de un profesional extraño a la escuela durante las 20 horas exigidas supona 1.000 euros mensuales, una monograma que superaba en ms de 150 euros la cuota que ya pagaban por la escolarizacin de la nia y que la comunidad Dubach dijo que no poda aceptar.
No solo se les habón girado la tortilla, sino que ah empezaba un rocambolesco periplo en el que Sena iba a estar un mes y medio sin pisar las aulas. La comunicacin y justificacin de la sancin (un mes, susceptible de prrroga, de privacin de amparo al centro escolar hasta que la alumna estuviera acompaada por la figura de un velador durante el horario establecido por el Sección de Orientacin Pedaggica de la escuela) no les lleg por escrito hasta el 27 de noviembre, cinco das despus del da en que se inform del castigo por telfono. Ese documento conclua que Sena habón sido la agresora fsica, verbal y relacional.
La abogada de la comunidad, Laura Parra, seala que ello evidencia que ese expediente se realiz despus de la expulsin. Adems, remarca la marcha absoluta de forma en el procedimiento sancionador, carente del principio de contradiccin [derecho a confrontar las pruebas] y sin indicacin de los medios de impugnacin.
La letrada cuestiona tambin la punto de la Inspeccin de Educacin de la Generalitat frente a una sancin tan severo, que debera estar acertadamente tipificada y ser proporcional a la conducta castigada. Parra esgrime tambin la retorsin del derecho de admisin al establecer que el nico modo de asistir nuevamente a clase era con la presencia de una veladora.
A la prórroga de arriesgarse si acude a la Imparcialidad, la comunidad ha solicitado a la direccin de los Servicios Territoriales de Educacin del rea Maresme-Valls Uruguayo la inepto del expediente sancionador tanto por la falsedad de los hechos en que se fundamenta como por las irregularidades en el proceso.
Pero las quejas frente a la Inspeccin de la Generalitat van ms all. La asignacin de una plaza escolar en otro centro, reclamada por la comunidad en diciembre, vulner el derecho a la educacin de Sena, ya que no se le otorg hasta el 9 de enero y no pudo reemprender el curso hasta el da 15 porque esa escuela no estaba preparada para las evacuación de la alumna.