En un automóvil de este lunes, el titular del Auditoría Central de Instrucción Número 6 accede a lo solicitado por la Asociación Dignidad y Conciencia y, en contra del criterio de Fiscalía, acuerda prorrogar la instrucción de la causa en la que investiga en la estructura de un centenar de actos de homenaje (ongi etorri) a presos de la manada entre 2016 y 2019.
Fue este mismo mes de enero cuando el Servicio Notorio le pidió que acordase el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, sobrenombre ‘Kubati’, Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, ‘Pipe’, así como el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, así como la miembro de ‘Kalera Kalera’ Oihana San Vicente.
La asociación de víctimas, sin bloqueo, pidió al magistrado que diese marcha antes a su valentía de cerrar la investigación y siguiese delante con la misma al considerarlo una valentía prematura. El magistrado, que coincide en este punto, señala que del investigación de los dispositivos informáticos de Eguilaz y San Epifanio se desprenden una serie de indicios.
En uno de los chats administrador por Sortu Eguilaz recibiría “exuberante información sobre actos y movilizaciones y mensajes sobre la puesta en albedrío de los presos de la estructura terrorista ETA, que a posteriori eran difundidos por organizaciones como Etxerat o la revista Kalera.info”.
Chats de Telegram
“En dicho canal se publican directrices e instrucciones relativas a la actividad en determinados ámbitos, y la aplicación posterior de dichas directrices por parte de los medios de difusión de Sortu”, sostiene el magistrado García Castellón.
El mediador, por otra parte, asimismo pone el foco en un canal de Telegram, que estaría administrado por la red ciudadana Sare de apoyo a los presos, huidos y deportados de la estructura terrorista ETA.
Por su parte, San Epifanio se encontraría suscrito como usufructuario en otro canal “donde se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la estructura terrorista ETA, recibiendo exuberante información y promoviendo campañas y movilizaciones a gracia de los presos ETA”.
El instructor, sin bloqueo, asegura que se desconoce “quienes son los administradores de los tres canales de Telegram mencionados, dos pertenecientes al partido político Sortu y uno a la red ciudadana Sare, siendo esencial conocer tal extremo para esclarecer los hechos investigados en las presentes actuaciones”.
Por todo lo expuesto, explica García Castellón, deben acogerse favorablemente las alegaciones de la Asociación Dignidad y Conciencia, “que ponen de manifiesto la indigencia de revocar” el candado de la instrucción y prorrogar la misma por otros seis meses.