El Gobierno valenciano ha antagónico en la propuesta del Empleo de Transicin Ecolgica de aguantar agua de la desaladora de Sagunto a Catalua una forma de hacerse esforzado en sus reivindicaciones sobre la condición de que exista una gestin franquista del agua basada en la solidaridad hdrica entre territorios, no slo para asegurar el suministro de la poblacin sino tambin la actividad econmica que se genera en torno al agua, especialmente la agrcola.
El presidente Carlos Mazn atendi con la mano tendida la peticin de la ministra Ribera de aguantar agua de la desaladora de Sagunto a Catalua en buques cisterna, pero impuso cuatro condiciones.
La primera es que el Empleo remita un “referencia tcnico” por escrito que acredite que el envo de agua no va a afectar ni perjudicar a los usuarios de la desalinizadora de Sagunto. Esta exigencia obedece al conflicto legal que el Consell tiene extenso con el Gobierno en el Supremo por la imposicin de los caudales ecolgicos del Tajo, que afectan al trasvase Tajo-Segura y que, segn defiende el Ejecutor valenciano, no se basan en criterios tcnicos sino polticos. Mazn quiere avales de expertos del compromiso que adquiri Ribera de modo verbal. “Queremos que nos garanticen por escrito lo que nos han dicho”, asegura el presidente.
La segunda condicin es que tambin exista un referencia medioambiental que recoja que no habr impacto en los fondos marinos por la generacin de salmuera procedente del incremento del bulto de desalinizacin y siquiera por el fondeo y traslado de los buques cisterna.
A las dos tcnicas se una tercera poltica. Mazn exigi a Ribera una reunin “con emergencia” para tratar dos temas vitales para la Comunidad Valenciana. Se alcahuetería de los recortaduras del Tajo-Segura y la aportacin extraordinaria de 10 hectmetros cbicos que necesita La Albufera para permanecer su compensación.
“La reunin tiene que producirse ya, de modo inmediata, porque no podemos seguir as ni un minuto ms“, explican fuentes de gobierno valenciano. Mazn ha sido pblicamente muy claro en las ltimas horas. “Estoy a auspicio de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades; lo he estado siempre, tambin cuando lo necesitamos y cuando lo exigimos, porque la Comunidad Valenciana no va a dejar de exigirlo”.
“Creo que esta solidaridad nos consolida y nos da autoridad honesto y coherencia para seguir reivindicando que el agua en Espaa es de todos”, insisti.
La ltima de las aclaraciones exigidas es quin y cmo se respaldar tanto el coste energtico de la produccin de agua como el traslado. La Comunidad Valenciana quiere dejar claro que no lo harn los usuarios de la desaladora ni los ciudadanos valencianos, que han hecho “sus deberes”. “Esta comunidad s ha reutilizado, s que ha invertido en ciclo hdrico y que sigue diciendo que el agua en Espaa es de todos”, quiso aclarar.