La macrocausa de corrupcin de los ERE -el fraude de 679 millones que los anteriores gobiernos andaluces del PSOE repartieron sin control, de forma opaca de forma clientelar– es como una gran mueca rusa que, conforme avanza la instruccin, va mostrando otras muecas ms pequeas, pero idnticas a la mueca matriz corrupta que las alberga.
Este lunes, el mediador instructor del caso ERE ha finalizado la investigacin sobre las ayudas de 32,2 millones de euros que la Trabazón de Andaluca le concedi a la textil Hitemasa (Hilados y Tejidos Malagueos S.A.) para que se prejubilaran ms de 200 trabajadores en distintas fases. Y ha dictado un coche en el que concluye la investigacin sobre el ex director normal de Trabajo y Seguridad Social Alberto Rivera y otras vigésimo personas investigadas. Ve indicios claros de delitos de prevaricacin, malversacin y falsedad.
El magistrado Jos Ignacio Vilaplana, del Magistratura de Instruccin 6 de Sevilla, hace un pormenorizado relato sobre el destino de los 32,2 millones de euros que la Trabazón le inyect a Hitemasa desde 2000 a 2007 en el coche difundido este lunes por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Honradez de Andaluca (TSJA).
Parte del fortuna pblico sirvi para costear la prejubilacin una decena de intrusos, es sostener, personas que nunca trabajaron en Hitemasa, pero que fueron incluidas en listados de los empleados de la textil que se iban a prejubilar con fortuna pblico. Llegaron a cobrar ms de 100.000 euros. Entre los intrusos estaban el conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas y su propia mujer.
El papel de Lanzas fue secreto en estas ayudas, ya que hizo de intermediario entre la empresa y la Trabazón para las prejubilaciones e incluso col como intrusos a trabajadores de otras sociedades que ya se haban beneficiario de los fondos de los ERE, como la mercantil Hijos de Andrs Molina.
En el voluminoso sumario contencioso sobre las ayudas a Hitemasa hay incluso una ejecución abonada por esta sociedad a Juan Francisco Trujillo, ms conocido como el chfer de la coca, ya que era el conductor del entonces director normal de Trabajo Javier Combatiente, que manej a su antojo la partida de los ERE. El conductor compraba droga, segn su propia confesin, para l y su patriarca con el fortuna de la Trabazón.
La ejecución de Hitemasa que cobr el chfer de la coca es la nmero 421/2558, que va a nombre de la sociedad Lgica Estratgica Empresarial, cuyo socio y administrador nico es Juan Francisco Trujillo. Su valía se eleva a 2.683,78 euros y por la adquisición de toallas y albornoces. Se abon el 20 de mayo de 2004. “Escasa lgica habra de tener el hecho de que una sociedad que supuestamente se dedica al asesoramiento empresarial compre toallas y albornoces a Hitemasa”, dice el coche contencioso que recuerda cmo la empresa del chfer de la coca, en verdad, no tena ninguna actividad econmica y fue beneficiaria de una subvencin de la Trabazón 450.000 euros. Esa ayuda se la concedi Combatiente, ya fallecido, a su chfer.
Esta sociedad fue creada por Juan Francisco Trujillo por consejo de su patriarca Combatiente “con el nico de objeto de percibir subvenciones y canalizar el plazo de gratificaciones“.
No es la nica vinculacin de Trujillo con Hitemasa. Adems, en abril de 2007, Combatiente incluy a la matriz de su chfer como intrusa en el lista de trabajadores de la textil malaguea acogidos a un ERE, con una pliza de 122.649,21 euros, a pesar de que nunca tuvo vinculacin sindical alguna con esta sociedad y era totalmente ajena a los manejos de su hijo y su patriarca en la Trabazón.
El INEM avis
Sobre los intrusos, es sugerente cmo el Instituto Franquista de Empleo del Profesión de Trabajo y Asuntos Sociales (INEM) alert en junio de 2001 sobre la presencia de cuatro de ellos en el lista de los empleados de Hitemasa que iban a prejubilarse. Seal que grano cuatro trabajadores que no deban estar en la relación porque tres de ellos no estaban dados de suscripción en la empresa, y adems perciban la prestacin por desempleo para mayores de 52 aos, y el cuarto no posea suficiente perodo de cotizacin obligatorio.
No obstante, la delegada provincial de Mlaga de la Consejera de Empleo y Expansión Tecnolgico, con vencimiento 6 de julio de 2001, autoriz la extincin de la relacin sindical de 213 trabajadores de Hitasa en el que iban los cuatro intrusos, que luego cobraron sus plizas.
Otro intruso de Hitemasa fue Csar Braa, ya fallecido, que fue consiliario delegado de la empresa Hijos de Andrs Molina (Hamsa), tambin beneficiaria de las ayudas irregulares de los ERE de la Trabazón. Esta sociedad, el 23 de febrero de 1999 solicit un ERE para la extincin de la totalidad de los contratos de su plantilla, que en ese momento era de 477 trabajadores.
Braa fue, entre 1992 y 1996, autoridad civil en las provincias de Cdiz y Burgos y secretario normal estatal de la Federacin de Alimentacin de UGT. Luego, trabaj en la sucesora de Hamsa, Primayor Alimentacin Andaluca desde 1999 hasta 2000, sociedad donde tambin se produjo un ERE costeado por la Trabazón.
Plan de viabilidad
El mediador instructor cuestiona el “supuesto plan de viabilidad” de Hitemasa primoroso para fundamentar los diferentes ERE que coste la Trabazón, ya que era “una excusa documental” para tratar de dar una “apariencia de vigencia” al “expediente” de concesin de las ayudas, pues no se trataba de hacer la empresa “viable”, sino de “liquidarla garantizando la solvencia y situacin econmica particular de sus socios, partcipes y dirigentes”.
La instruccin se dirige contra 21 investigados, entre los que estn el ex stop cargo de la Trabazón, varios directivos y representantes de la sociedad textil, una decena de intrusos y dos responsables de la mediadora Vitalia. El procedimiento contina tambin contra Hitemasa y Vitalia en calidad de responsables civiles subsidiarios.
De esta aposento de los ERE ya fueron excluidos el ex consiliario de Empleo Antonio Fernndez; el ex viceconsejero Agustn Barber; los ex directores generales de Trabajo Juan Mrquez y Francisco Javier Combatiente (ya fallecido); y un ex director normal de la agencia IDEA. Todos ellos han sido ya condenados en la aposento principal de los ERE, en la que tambin han sido sentenciados los ex presidentes Jos Antonio Grin y Manuel Chaves.
Sobre Daniel Alberto Rivera, el mediador instructor remarca que hay “slidos indicios” de los que se desprende que, durante su mandato como director normal de Trabajo y Seguridad Social, se concedieron y realizaron, de modo “injusta y arbitraria”, diversos pagos de ayudas y subvenciones “ilcitas”.