Fue un debate serio, ausencia tenso y que duró unas cuatro horas. Así ha definido lo que vivieron los fiscales del Supremo. A pesar de que una amplia mayoría está de acuerdo de encausar al expresidente de la Generalitat, el postrer documentación lo tendrá que redactar la número 2 del Fiscal Militar del Estado, María Ángeles Sánchez Conde. Viada ha exclamado que “te quita un poco de actitud, yo pensaba que estaba haciendo poco importante y en verdad estoy cumpliendo un trámite”.
Critica que la relación que ahora incluye ese documentación sea lo que defiende el Gobierno. “Dice, no no. Si aquí el que decide es el Fiscal Militar del Estado, entonces, pues ya está”, lamenta. Un total de 12 de los 15 fiscales del Supremo consideran oportuno investigar por terrorismo a Puigdemont. Es lo contrario a lo que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“O somos marcianos los que estamos en la Trabazón de Fiscales o no es verdad (…) Se están produciendo en los últimos tiempos cosas, que no es que estemos en pelea, es que nos ponen en el disparadero”, ha exclamado en Onda Cero. Sobre la reforma de la Ley de Valoración Criminal que Sánchez ofrece a Junts, detalla: “Vamos a intervenir en 20 minutos tenga lo que tenga el paciente”.
Una larga reunión
El artículo 24 del Estatuto Orgánico del Tarea Fiscal explica que “los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de documentación, prevaleciendo a posteriori del vacuo debate el criterio del fiscal caudillo” de la Trabazón de Fiscales.
Lo que ocurre en la votación es que los dos fiscales jefes Fidel Esclavitud y Joaquín Sánchez Covisa han expresado posturas contradictorias. El primero (uno de los cuatro fiscales del pleito del ‘procés’) se ha mostrado auxilio de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario. En presencia de este círculo, el mismo artículo 24 precisa que “si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico”.
Ahora la osadía caerá en manos de Sánchez Conde, mano derecha del fiscal genérico Álvaro García Ortiz. Ella fijará la postura definitiva que elevará en presencia de la Sala de lo Penal del TS. Ella unificará el criterio no solo entre los fiscales del Supremo, con una mayoría que sí aprecia terrorismo, sino todavía teniendo en cuenta la Fiscalía de la AN, que descarta de plano que los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del ‘procés’ en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.