Zona Franca tuvo que hacer hasta nueve modificaciones del pacto, según figura en la Plataforma de Contratación, por revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución. La primera fue en mayo de 2022 y el contratista había presentado un mes antiguamente una solicitud de “compensación económica por variación extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales”. La última modificación fue en enero de 2024 y establecía el nuevo precio en 10,4 millones.
Aunque la Ley de Contratos establece que no hay revisiones de precios, tras la pandemia y la extirpación de Ucrania, en 2022 el Gobierno aprobó un decreto ley que establece medidas excepcionales en esta materia en los contratos públicos de obras, con una serie de condiciones que cumplía ésta. De esta forma los precios y plazos fueron modificados en sucesivas ocasiones.
Un total de 13 pequeñas y medianas empresas gallegas, la mayoría del campo de acción de Vigo, están atrapadas en esta obra y con pesado peligro por la deuda de 1,5 millones de euros. Alea había subcontratado instrumentos de las obras con varias firmas, entre ellas alguna aceptablemente conocida como Montajes Mofaco, Excavaciones Olívicas o Cemegal.
Una veintena de empresas se habían interesado ya para arrendar estas naves polivalentes, entre 300 y 500 metros cuadrados.