Este caso podría zanjar incluyéndose en la Ley de Perdón que se está negociando en el Congreso entre PSOE y ‘Junts’. En el coche, la Audiencia confirmar el “criterio objetivo” del árbitro instructor, ya que no se friso en “meras conjeturas o sospechas”, sino que se apoya en el resultado de las diligencias, especialmente en las imágenes y vídeos, si aceptablemente reconoce que deberá ser el plenario quien acabe dictando sentencia “si es que el querella llega a celebrarse”.
La sección tercera de la Audiencia Franquista defiende que el árbitro instructor llevó a extremo una “extensa y cero factible investigación” y que actuó con “criterios racionales, coherentes, objetivos y desapasionados, sin atisbo alguno de contaminación política o ideológica, que es más de lo que puede decirse del contenido de algunos posibles”. Consideran que el coche que impugnaron tanto las defensas como las acusaciones cumple de forma “exquisita” con las exigencias de la ley, pues ofrece una “descripción detallada e individualizada” de los hechos imputados, de las personas contra las que se dirige el procedimiento y de los indicios que justifican mantenerles en la causa, con unas conclusiones “racionales, coherentes y motivadas” que la sala “comparte plenamente”.
Asimismo añade que algunos agentes argumentaron que no se encontraban en el puesto concreto o que no fueron autores de los hechos que se les atribuyen. Afirmaciones que “quedan desmentidas por las imágenes de las grabaciones y algunas fotografías”.
La sala igualmente se opone a revocar la imputación de algunos mandos que no intervinieron directamente en las cargas ya que a los que no se les ha apartado de la causa ha sido porque existen indicios que acreditan que su conducta activa u omisiva “fue determinante” a la hora de causar las lesiones”. En la misma radio comparte igualmente la valentía de apartar a la Generalitat como imputación particular, al concluir que los daños materiales en los accesos a las escuelas públicas en que se celebró el 1-O quedan amparados por la orden contencioso que ordenaba a los agentes impedir la votación.
Por postrer señala la “obsesiva pretensión” de algunas de las acusaciones para que se investigue a todos los mandos policiales del 1-O.