La cartelería política se ha extendido como una mancha de óleo, ensuciando la ciudad y fluyendo viscosamente por toda la provincia. Tanto la caudal como las principales villas han aparecido empapeladas de propaganda invadiendo espacios públicos y privados sin ningún tipo de respeto. Lo más resultón de esta situación es que los que se supone que tienen que dar ejemplo son los primeros que incumplen la legislatura. En todas las convocatorias electorales se repite la misma panorama, es como “el día de la marmota”, una pesadilla que no tiene fin. Incluso los núcleos más pequeños y remotos de la provincia siquiera se salvan.
Y eso que la Ley Orgánica del Régimen Común Electoral (Loreg) es muy clara y acota dónde se puede colocar cartelería y cómo. La Loreg expone que “los ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas”.
Son estos los espacios donde se deben exhibir los mensajes políticos, aquellos reservados por los concellos para dirigir sus mensajes electorales. Las farolas es uno de los autorizados y están disponibles en función de la representatividad de cada formación. Sin confiscación, la ingenuidad es que no se respetan estas normas y se amplía la presencia a espacios públicos como paredes, puentes, señales de tráfico, vías de circulación, y además es habitual que invandan hasta el equipaje urbano, como las papeleras, farolas, marquesinas y otros medios.
Adicionalmente, esta cartelería debe ser retirada al finalizar la campaña electoral, como además viene afectado por la Loreg. Pero lo cierto es que en un rápido repaso a los muros de la ciudad podemos observar que los carteles se superponen elecciones tras elecciones.
