El Diputación de Alicante ha presentado este lunes el recurso de reemplazo contra la resolución de 24 de julio de 2023 de la Corte Supremo que rechazó la suspensión cautelar del incremento del caudal ecológico del Bloquear solicitada por la institución provincial por el perjuicio económico, social y medioambiental que esta decisión del Gobierno central está teniendo para los intereses de la provincia de Alicante, debido a los recortes en transferir hacia Seguro.
En el escrito presentado por los Servicios Jurídicos provinciales ante la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo que dictó el auto (Sala Tercera), se sostiene que esta decisión judicial “viola el trabajo de ponderación que debe realizar el tribunal para dilucidar la adopción de medidas cautelares”. »y señala, en este sentido, que la solicitud de medidas cautelares respondió a una razón indudable urgencia y no causó daños correlativos en la cuenca cedente.
El Presidente de la Diputación Provincial, toni pérezha señalado que «aunque somos conscientes de que es muy difícil que este recurso prospere, desde la Diputación de Alicante vamos a escape todo posibles caminos y no vamos a escatimar esfuerzos para defender los intereses de la provincia de Alicante que, entre otros, incluyen el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, vital para estas tierras y para su futuro”.
A juicio de la Diputación Provincial de Alicante, y así consta en el recurso de casación, el auto impugnado se basa en una serie de razonamientos que se consideran contrarios a derecho y que vulneran la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En este sentido, se recuerda que la suspensión cautelar solicitada no condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica ya que sólo afecta a la entrada inmediata en vigor del incremento de caudales ecológicos de 6 a 7 m3/s. “La medida cautelar en ningún caso afecta ni condiciona el resto de normas de las distintas demarcaciones geográficas contenidas en el Real Decreto y no impide la fijación de flujos ecológicospero simplemente niega que se haya determinado en un volumen, a nuestro juicio, excesivo en todos los aspectos, injustificado y que provoca daños notables en la cuenca receptora», informa el escrito de apelación.
Informes técnicos frente a un caudal ecológico ya preestablecido
Se argumenta en este punto, además, que ha sido acreditado a través de numerosos informes técnicos que no existe una justificación mínimamente solvente que sustente el monto fijado para el incremento del caudal ecológico, mientras que los daños a la cuenca receptora fueron evidentes y de gran alcance.
En este sentido, los informes citados señalan que la elevación de 1m/s del caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hm3/año de pérdida en destino, provocando pérdidas de más de 2.400 puestos de trabajo y más que 84 millones de euros.
Finalmente, en esta línea, el recurso de reposición destaca que estos daños, dada su diversa y amplia proyección socioeconómica y ambiental, no son fácilmente reparables, de modo que la no adopción de la suspensión cautelar dificulta significativamente la efectividad de la sentencia. . . “Todo esto mientras el medidas correctivas cualquiera compensando previstos en el Real Decreto, además de su aplicación incierta, se retrasarían en el tiempo debido al propio proceso administrativo, haciéndolos ineficaz», advirtió el presidente.
Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada del Ciclo del Agua, Ana Sernaha vuelto a criticar la “posición totalmente arbitraria y tendenciosa que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez se ha manifestado durante los últimos años en relación al trasvase Tajo-Segura, condenando a muerte una infraestructura que garantiza la supervivencia de miles de familias alicantinas”.