La oposición gallega ha cargado las tintas este lunes a una semana del inicio de un curso escolar, el 2023/24, al que revistieron de tintes casi apocalípticos. Tanto el BNG como el PSdeG han clamado contra el gasto que supone para los padres, a lo que los socialistas han añadido la afirmación de que los alumnos rurales salen con “menos derechos” que los de los centros urbanos. A todo ello, el PPdeG ha contrastado el mensaje de que, en la Comunidad, el inicio del curso será “menos problemático” que en otras autonomías “gracias al apoyo de la Xunta”.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha rodeado en el Parlamento de Anpas y familias para proclamar que le habían dicho que éste no será “otro comienzo de curso”, sino “el más caro de nuestra historia”: Obligará a muchos hogares a “sudar tinta” para cubrir los costes de compra de material, lo que los sitúa en una situación “límite”, afirmó. Enfrente, ha acusado, a una Xunta “instalada en la propaganda” y en una “realidad virtual”, con un PP “insensible” y “sin capacidad de empatía”, ante la “tormenta perfecta” que ha desencadenado la “tormenta perfecta”. Subida indiscriminada de precios», superior a la media española en Galicia; sumado a que con salarios y pensiones ocurre todo lo contrario.
Hay una “realidad paralela”, la del PP y la Xunta, que ha impactado, y “una muy distinta”, la del “día a día” de las familias gallegas, que “ven con angustia” el inicio de la el curso, en Primaria e Infantil ya el 11 de septiembre. Pontón ha criticado que se empezará a impartir sin “ninguna medida extraordinaria” por parte del Gobierno gallego, pese a cifrar el gasto extra medio en 450 euros, que puede dispararse, en el En el peor de los casos, hasta 1.000 euros en familias con dos hijos, ha asegurado. El Bloque, se ha opuesto, propone recuperar los libros de texto gratuitos, y los reinstaurará si gobierna a partir de 2024; a lo que ha añadido una tarjeta con ayudas de entre 250 y 500 euros para las rentas más bajas.
El portavoz del Grupo Socialista en O Hórreo, Luis Álvarez, también ha insistido en que se restablezcan los libros gratuitos; y ha indicado que el regreso a las aulas se hará con “menos unidades”, y en algunos casos, con toda Infantil y Primaria en una sola unidad, lo que “nos retrotrae a la España negra de los años 60 y principios de los 70”, ha señalado puntiagudo. A ello ha añadido que en ESO y Bachillerato habrá optativas que no se podrán cursar, lo que el PSdeG ve como una “evidente pérdida de igualdad” en el medio rural. “El modelo más equitativo de toda España” que propugna la Xunta, ha subrayado, es sólo una “frase” que encaja “muy bien”.
Su nuevo homólogo en el PPdeG, Alberto Pazos, ha refutado que la libreta completa del bipartito fue un “café para todos” que “no funcionó”. Es “mucho más justo”, ha defendido, el modelo de “reparto progresivo” que reivindicaba Alfonso Rueda la semana pasada: siete de cada diez familias reciben algún apoyo para comprar material de la Xunta, que aumenta hasta los 26 millones -frente a los 12 de antes de la pandemia—el gasto en esta partida, con un ahorro de 100 millones para los hogares con niños.
“La tormenta perfecta”
El mayor problema al que se enfrentan las familias, explica el presidente saliente de la Federación de Anpas Compostela, Fernando Lacaci, que pronto será sustituido por Isabel Calvete, en conversación con este medio, es “la inflación superada” que afecta a los libros de texto y al material escolar, eso sí. pero eso también tiene un fuerte impacto a la hora de llenar la cesta de la compra, comprar ropa y calzado o pagar la energía en los hogares. A este crisol se suma que este año los libros de texto deben ser sustituidos en todos los cursos pares de Primaria, Secundaria y Bachillerato por la nueva normativa educativa, que no deja a las familias “otra opción que comprar los libros”. Y, en el caso de cursos impares, para no pagarlos deberán obtener uno que sea de este último año escolar. Es la conjuración de una “tormenta perfecta”, afirma Lacaci, para su economía. “La solución”, resume, “es asumir la gratuidad y la obligatoriedad de la educación pública”, garantizada por la Constitución y que por naturaleza, recuerda, debe abarcar todo el material escolar, incluidos los libros de texto.