El Gobierno de Juanma Moreno tendr que mojarse con los indultos a Grin y al resto de condenados a prisin por los ERE


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El Gobierno andaluz, que preside Juanma Pardo, tendr que mojarse y aclarar si apoya o no la concesin del indulto al ex presidente de la Unión de Andaluca y ex presidente del PSOE Jos Antonio Grin y al resto de ex altos cargos condenados a penas de prisin por el caso de corrupcin de los ERE. Este asunto lo tendr que resolver en ltima instancia el Gobierno de Pedro Snchez.

En una providencia difundida este mircoles por la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Honestidad de Andaluca (TSJA), la Audiencia de Sevilla concede tres das de plazo al ilustrado de la Unión de Andaluca, como nica parte perjudicada en el caso ERE, para que emita su parecer sobre la peticin de indulto formulada por Grin y el resto de condenados.

En enero de 2023, Juanma Pardo seal que “personalmente” no poda ser “partidario” de que Grin entrara en prisin a cumplir su condena de seis aos por malversacin en el caso ERE, una vez acreditado que padece cncer. Esas declaraciones las hizo cuando la Audiencia estaba decidiendo si suspenda o no el ingreso en prisin del ex presidente andaluz por la enfermedad que sufre. Finalmente, se acord suspender durante cinco aos la ejecucin de la condena de crcel impuesta a Grin.

“Aqu tenemos dos percepciones distintas. Por un costado la legislativo, que es inapelable. Estamos en presencia de el caso de corrupcin ms severo de la historia de Espaa y donde todava quedan cien juicios pendientes”, asegur entonces Pardo, quien mostr “singular sensibilidad” por la situacin de Grin, ya que su padre falleci de cncer con una etapa muy parecida a la que ahora tiene el ex presidente andaluz condenado por los ERE.

“Yo personalmente no puedo ser partidario de que el seor Grin, una vez que se ha certificado que tiene cncer, entre en la crcel. Una persona que est enferma de modo severo tiene que ser tratada convenientemente. Y si el mdico forense dice que slo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisin entonces que no entre en prisin”, apostill Pardo.

En cualquier caso, ahora debe ser el Salita Jurdico de la Unión de Andaluca y no el presidente Pardo quien aclare si es partidario o no de la concesin de los indultos que han solicitado tanto Grin, como el resto de ex altos de la Unión condenados. Entre ellos estn la ex consejera de Hacienda Carmen Martn Aguayo, el ex maestro de Innovacin, Francisco Vallejo, los ex consejeros de Empleo Jos Antonio Viera y Antonio Fernndez, el ex viceconsejero del mismo área, Agustn Barber, el ex director caudillo de la agencia IDEA, Miguel ngel Serrano, el ex director caudillo de Trabajo Juan Mrquez y el ex viceconsejero de Innovacin, Jess Mara Rodrguez Romn. Todos ellos, a excepción de Grin y Mrquez, estn en prisin cumpliendo sus condenas.

El pasado 7 de febrero, el Tribunal Supremo (TS) acord dejar en manos de la Audiencia de Sevilla la tramitacin de los indultos solicitados por los condenados a prisin por el caso de los ERE, a excepción de en el caso de Juan Mrquez, ya que su condena fue rebajada por TS y, por lo tanto, la medida de soltura debe tramitarla el stop tribunal.

De forma paralela a la peticin de indulto, los ex altos cargos socialistas condenados han recurrido, en amparo, en presencia de el Tribunal Constitucional, que ha admitido los fortuna pero no la peticin que hicieron todos, a excepción de Grin, para que fuese suspendida de forma cautelar la condena.

La sentencia firme de los ERE condena a quince ex altos cargos de la Unión de la etapa del PSOE, entre los que estn Grin y los otros siete ex altos cargos que han pedido el indulto. El dictamen pone al descubierto la trama diseada por la cpula del Gobierno andaluz del PSOE para sustentar su propio poder a travs de un despótico reparto de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores. Durante una dcada se otorgaron a discrecin 679 millones de euros, saltndose todos los controles a trabajadores de supuestas empresas en crisis. Es el mayor caso de corrupcin investigado nunca en el pas por el prominencia de fraude y nmero de imputados, que lleg a ser superior a los 500 durante la etapa de instruccin.

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