Da por hecha la amnistía, exige un referéndum pactado para olvidar el 1-O y advierte de que no renunciará a la vía unilateral para lograr la secesión
A cambio de investir al próximo presidente del Gobierno, Carlos Puigdemont Ha supuesto un chantaje al Estado de magnitud similar al expuesto el 2 de octubre de 2017, cuando, tras la celebración del 1-O, ofreció al Ejecutivo frenar la proclamación unilateral de independencia si aceptaba abrir una negociación supervisada. por un mediador internacional. El entonces presidente de la Generalitat reclamó el reconocimiento efectivo del derecho a la autodeterminación de Cataluña sin descartar en ningún momento aplicar el resultado del referéndum ilegal, como acabó sucediendo.
El chantaje de la autodeterminación
Esta condición es similar a la que el prófugo de la Justicia española expuso este martes desde Bruselas para iniciar una negociación que podría desembocar en la reelección de Pedro Sánchez. Puigdemont ha reclamado hoy el reconocimiento democrático del independentismo -lo que implica su restitución como interlocutor por parte del presidente en funciones- y ha advertido de que sólo un referéndum pactado podría sustituir al 1-O. Voto que, ha dejado explícito, su partido sigue considerando legítimo.
Además, el líder plenipotenciario de Junts ha subrayado que su partido no renuncia al unilateralismo para lograr la secesión, a diferencia de ERC, que a través de su propia oriol junquerasenterrado en 2021 unilateralmente a cambio de indultos.
Impunidad para hacerlo de nuevo
Puigdemont no pide más que impunidad para ejecutar aquello ho volverá a fer con el que el independentismo viene amenazando al Estado desde antes de que el Tribunal Supremo condenara a la mayoría de los organizadores del 1-O. Para ello, ha exigido el abandono total y efectivo del proceso judicial y el reconocimiento de que el 1-O, la declaración unilateral de independencia y las protestas contra la sentencia del procés no fueron un delito. Además de la amnistía, que ya da por hecha y sólo considera el punto de partida para abrir la negociación.
Estas circunstancias no sólo permitirían el libre regreso a España de Puigdemont sin enfrentarse a la Justicia, sino que, sumadas a la supresión del delito de sedición ya lograda por ERC en la anterior legislatura, dejarían el camino libre para llevar a cabo un atentado al orden. constitucional como el llevado a cabo en 2017, pero con la diferencia de que los jueces carecieron de las mismas herramientas para castigar a sus impulsores, entre los que podría incluirse al propio Puigdemont, ya que tampoco sería inhabilitado y podría volver a aspirar a la Presidencia de la Generalitat.
Desbordar la Constitución
Aunque sigue sosteniendo que la celebración de un referéndum pactado con el Estado encaja en la Constitución, concretamente en su artículo 92, el líder de Junts tiene la intención manifiesta de ir más allá de la Carta Magna. Los únicos límites (de la negociación) serán los establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales, ha advertido hoy al fijar sus condiciones para la investidura. El compromiso histórico que pide alcanzar Puigdemont para ungir a Sánchez irá más allá de la única frontera que el líder del PSOE sigue asegurando que no cruzará para contentar a los independentistas. Sería el más importante, mantiene, desde 1714, fecha fundacional del separatismo catalán.
Relator y la obsesión por internacionalizar el conflicto
Puigdemont también ha vuelto a revelar su obsesión por internacionalizar el conflicto. De ahí que haya vuelto a exigir al Gobierno que la negociación sea tutelada por un mediador, figura que Sánchez ya aceptó en 2019 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Quim TorraExigió por orden del prófugo una negociación bilateral sobre autodeterminación entre el Gobierno y la Generalitat supervisada por un ponente a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado.
Puigdemont se inspira en una figura como la que utiliza la ONU para resolver importantes conflictos internacionales y califica de imprescindible la aceptación de este requisito para iniciar la negociación de investidura, ya que no tiene ninguna confianza en la palabra de Sánchez.
Después de años acusando a ERC de colaborar con el Estado para llegar a acuerdos con el Gobierno, Junts también necesita pruebas de los pactos finalmente sellados con el PSOE para no ser acusado de botifler por la parroquia secesionista si no se llevan a cabo.