El inminente inicio del curso escolar, el próximo 11 de septiembre, se ha convertido en Galicia en el principal catalizador del debate a nivel político, de nuevo a pleno rendimiento desde esta semana. Mientras las aulas del sistema público se preparan para acoger a 225.013 alumnos a partir del próximo lunes, la Xunta y la oposición zanjan una pugna que, en última instancia, se reduce al contraste entre dos modelos. PSdeG y BNG llevan días reclamando la devolución de los libros de texto gratuitos, independientemente de los ingresos, entre otras medidas, mientras el Gobierno gallego y el PPdeG rechazan el “café para todos” y defienden su apuesta progresista. Este martes, el presidente Alfonso Rueda ha insistido en que el sistema que impera en Galicia con el ejecutivo conservador “realmente funciona”, frente al “caos” que se “generó” en la “anterior era del bipartito”.
Desde Vigo, donde visitó la escuela infantil Cidade da Xustiza, acompañado de la consejera de Política Social, Fabiola García, Rueda admitió que el método ahora vigente “tenía fallos que corregir”, y que se fueron modificando hasta desembocar en un curso 2023/24, en el que, “conscientes” de que las familias tienen “las cosas más difíciles”, sobre todo por la inflación, se “incrementarán” las ayudas para la compra de material, aumentando “las cantidades y porcentajes de familias beneficiarias”. Ya destacó que la Xunta, con un presupuesto de 26 millones de euros, aumenta un 12% y casi un 40% las aportaciones para comprar libros de texto, hasta 130.000 alumnos, los beneficiarios del bono para material, todas familias con renta per cápita igual a o menos de 10.000 euros —antes el listón estaba en 6.000— podrán recibir una bonificación de entre 60 y 75 euros. En el caso de los libros, siempre en función de los ingresos, las ayudas van desde un rango de 140-240 euros a otro de 160-270 euros. “Creemos que la progresividad sí funciona”, defendió el responsable de la Xunta.
El clásico de los “cortes”
El otro gran eje de crítica de la oposición —y de los sindicatos— es la clásica acusación de “recortes” que se traducirían en menos docentes y unidades pese a la disminución del número de estudiantes. Ayer el ministro del ramo, Román Rodríguez, insistió en TVG en que Galicia tendrá este curso “más profesores y unidades” incluso con casi 2.000 matriculaciones menos. Y que ello responde al compromiso de la Xunta con la educación pública, traducido en que la Comunidad es la tercera con más inversión por alumno y que el Ministerio de Educación tiene el presupuesto más alto de su historia.
Argumentos que no convencen a la izquierda gallega. Luis Bará, portavoz adjunto parlamentario del BNG, tras cifrar la reducción de plazas docentes y unidades de Educación Primaria en 60 y 89, respectivamente, repitió el mensaje de la víspera de su jefa de filas, Ana Pontón, acusando al Gobierno regional de “Insensibles, desalmados”, sin “capacidad de reacción” ante una “situación” de crisis que está “asfixiando” a las familias, afirmó en O Hórreo. Para Bará, era el momento ideal para reducir la carga de trabajo de los docentes, así como los ratios por aula, ante la caída de la matrícula por la caída de la natalidad. Pero —acusó— la “hoja de ruta del PP” pasa por “aumentar la financiación” a la educación concertada y bajarla a la educación pública, lo que se traduce en la tendencia contraria en el alumnado matriculado, aseguró.
Su homólogo en el Grupo Socialista, Luis Álvarez, avanzó que precisamente el miércoles 13 pedirá a Rueda, en la sesión de control, que valore —48 horas después— el inicio del curso. Álvarez vaticinó que la bajada de profesores y unidades también criticada por Bará es una “realidad de mínimos” que finalmente será “superior” y “considerable”, ya que todavía se “conocen” “ajustes” en otros centros. De paso, aprovechó para culpar a la Xunta de una estrategia con la que habría aprovechado la caída de la natalidad para “hacer ajustes en las cuentas” y en el “servicio público de educación”. Al igual que el parlamentario nacionalista, apuntó a la concertada, donde señaló que “ni de lejos” hay una reducción uniforme de unidades ni de docentes, porque “no la hay”. Aunque se atrevió a aclarar que no pretendía abogar por un “enfrentamiento” entre ambos modelos.
ya no improvises
Por la puerta salió Alberto Pazos, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, quien para empezar calificó de “sorprendente” que el Bloque hubiera exigido la comparecencia en el próximo pleno de la ministra de Educación -así como de la titular de Sanidad- para evaluar el inicio del curso escolar antes de haberlo empezado —Bará protestó contra el “veto” del PPdeG por considerarlo “justificado”—. A partir de ahí, ha apuntado que, además de que Galicia presenta uno de los mejores ratios de España, el Gobierno gallego, “a diferencia del anterior”, maneja “criterios objetivos” y “claros” a la hora de mantener o unidades de cierre. El bipartidista, por su parte, señaló, “castigar” o “recompensar”, a partir de la “improvisación”, “en función de la simpatía con el gobierno municipal de turno”. Lo que debería “preocupar” a los partidos gallegos no es la pérdida de aulas, profundizó, sino de estudiantes, pero criticó que el Gobierno tiene la “mala suerte” de estar “solo en la lucha contra este problema”.
Antes del toma y daca en el Parlamento, Rueda, de la nueva guardería viguesa —que cuenta con 41 plazas—, también puso en valor los 55 millones invertidos por segundo año consecutivo con la educación infantil de 0 a 3 años totalmente gratuita —sólo vigente en Galicia—. Se beneficiarán 31.000 familias, que se ahorrarán más de 2.000 euros, estima la Xunta. “Hechos” y “propuestas”, afirmó su presidente, mientras “otros siguen teorizando”, en alusión a las críticas de la oposición.