Todo se remonta al año 2003. Tras media vida emigrado en Estados Unidos y en Venezuela decidió regresar a casa. Se compró una vivienda en Teo, en A Coruña, pero tras divorciarse decidió marcharse a Ourense y traspasar el chalet. En abril de 2017 comenzó a tomar la renta mensual de los inquilinos, un total de 550 euros pero en agosto de 2020 todo cambió. “Dejaron de pagarme sin previo aviso y los ingresos empezaron a caer”, comenta José.
Su pensión neta, sostiene, no alcanza los 440 euros, tiene ahora 75 primaveras, y su situación comenzó a complicarse. Por ello decidió judicializar el asunto y se fijó un desahucio para el 28 de noviembre de 2023. Nunca se produjo.
“Se alegó una situación de vulnerabilidad, por parte de la defensa de estos señores, porque dicen que no tienen ingresos”, explica. Al parecer, la pareja okupa, uno y otro sexagenarios, contaba con un negocio que quebró durante la pandemia, y tuvieron que hacerse cargo, encima, de la mama de ella. “Yo no me creo nadie, sé que tienen ingresos y me gustaría memorizar cómo hizo el trabajo Servicios Sociales para resistir a estas conclusiones. ¿Hubo alguna investigación o solo valoró lo que le dijeron los inquilinos?”.
Amparados en el Efectivo Decreto-Ley 11-2022, que dispone que no se puede desahuciar a nadie que sea pasivo, los okupas continuaron en el domicilio de José. Él insistió frente a la Honestidad y, de nuevo, se fijó un desahucio. Pero, una vez más, la testimonio de vulnerabilidad primó sobre el propagación.
A día de hoy José tiene irresoluto un nuevo procedimiento que formular para poder recuperar su casa. Mientras, la deuda que esta pareja acumula con él es de 12.500 euros en concepto de las mensualidades del arrendamiento y, por encima de todo, la devolución de la que es su vivienda tras tantos primaveras de trabajo en el extranjero.
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