deberá convertir los contratos interinos de larga duración en indefinidos


Duro revés del Tribunal de Ecuanimidad de la Unión Europea (TJUE) al Gobierno castellano. En una sentencia emitida este jueves en relación a tres casos de empleados públicos de la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Luxemburgo cree que España incumple el Acuerdo Situación europeo por no convertir en contratos indefinidos a aquellos trabajadores de larga duración.

El TJUE Ve un “atropello” por parte del Gobierno

Alertan de que con el pago de una indemnización por acabamiento de arreglo, el Ejecutante está cometiendo un “atropello” a estos empleados. Considera que “no permite alcanzar el objetivo perseguido por el Acuerdo Situación de alertar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada”, reza el comunicado emitido por el TJUE.

El arbitraje ha sido emitido posteriormente de que el Tribunal Superior de Ecuanimidad de Madrid plantease una cuestión perjudicial al europeo. Concretamente, solicitaban que se aclarase si se estaba aplicando el ‘Acuerdo Situación sobre el trabajo de duración determinada’ en relación los casos de tres trabajadores de Consejería de Presidencia, Ecuanimidad e Interior de la Comunidad de Madrid; de la Universidad Doméstico de Educación a Distancia y de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.

Estos trabajadores llevaban ocupando el mismo puesto desde los primaveras 1994, en los dos primeros casos, y 1998 en el tercero. Lo hacían mediante contratos temporales sucesivos porque no se convocaban las plazas con las que se cubrían esos puestos de guisa permanente.

Acusa a España de ver como alternativa la indemnización

Así, el TJUE da un crecer de orejas a España porque dice que lo deductivo no es indemnizar a los empleados que terminan el arreglo temporal. Piden que se conviertan en contratos fijos porque con esa medida “no se elimina las consecuencias del incumplimiento del derecho de la Unión”.

El encadenamiento de contratos para interinos ha supuesto, según concluyen los jueces europeos en la sentencia, que existan trabajadores en unas condiciones “precarias“. Y aclaran que esto se ha producido durante mucho tiempo.

Advierten de que, en cualquier caso, lo que hace el Tribunal de Luxemburgo es orientar a los tribunales nacionales de cualquier país miembro de la UE para que se aplique la estatuto franquista. La sentencia es vinculante, por lo que el sector notorio castellano tiene ahora un nuevo frente.

En concreto, tendría que convertir masivamente a interinos que trabajan para la Oficina. Según los datos publicados por el posterior Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la cantidad de empleados con este tipo de contratos ronda los 800.000.

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